El presidente de Perú, Alberto Fujimori, parece dispuesto a emprender una "fuga hacia adelante" ante la crisis que afecta a su gobierno: hoy anunció medidas económicas para aliviar las tensiones sociales causadas por el desempleo y los bajos salarios.
En las últimas semanas, una serie de denuncias sobre violaciones de los derechos humanos y de la libertad de prensa contribuyeron a agravar el desgaste causado por su programa neoliberal, creando un marco de extrema inestabilidad y aun de presuntas amenazas de golpe militar.
Los partidos opositores, que en las elecciones de 1995 obtuvieron en conjunto 22 por ciento de los votos, aprovecharon y promovieron la crisis de credibilidad que afecta al gobierno de Fujimori, cuya popularidad cayó de 64 a 19 por ciento desde enero.
En ese marco, su discurso anual de Fiestas Patrias ante el Congreso fue esperado con expectativa para vislumbrar los probables cambios que introducirá.
"Soy consciente de que como pocos mensajes, éste ha sido aguardado con expectativa por la ciudadanía, pues hay una evidente contradicción entre la solidez alcanzada por nuestra economía en evidente crecimiento, y el surgimiento de una confusa coyuntura política provocada por la oposicion", dijo Fujimori.
Pero su mensaje ante el parlamento decepcionó a la oposición, al no tocar los temas políticos que originaron la grave crisis que envuelve a su gobierno, especialmente sus intenciones reeleccionistas y las violaciones de los derechos humanos cometidas por los servicios de inteligencia.
Santiago Pedraglio, quien integrara el desaparecido frente Izquierda Unida, y el empresario conservador Rafael Villegas, coincidieron en que el mandatario sigue convencido de que los sectores populares dan prioridad a su situación económica sobre los aspectos políticos.
"Por ello, Fujimori cree que podrá resolver la crisis y recuperar popularidad con medidas económicas en favor de los sectores más pobres de la población" opinó Villegas.
"Esa posición es equivocada, pues al dejar intactos los dispositivos e instrumentos que atentan contra los derechos humanos, especialmente los mandos actuales de los servicios de inteligencia, la crisis no sólo se mantendrá sino que se avivará", añadió el empresario.
También consideraron que hubiera sido conveniente que Fujimori indicara que dejará de "seguir buscando una ventanita" en las normas constitucionales para abir paso a su aspiración de postularse a una segunda reelección consecutiva en el año 2000, no contemplada en la Constitución vigente.
Se esperaba que el mandatario se refiriera a este tema, no sólo para desarticular la campaña de los partidos opositores, sino también porque en la noche anterior, en un acto frente al Palacio de Gobierno, dijo algo que podría entenderse como una promesa de renunciar a sus ambiciones reeleccionistas.
Fujimori se refirió en esa ocasión a su "compromiso de dejar en el año 2000 un país fuerte, sólido y viable para el futuro".
"Tal vez quiso que se entendiera que abandonaba sus intenciones reelecionistas", dijo el analista Raúl González.
"Pero como no lo dijo claramente ante el Congreso podemos asumir que conserva sus ambiciones electorales las mantendrá bajo la manga hasta ver como evoluciona su popularidad con las medidas económicas", añadió.
Fujimori reiteró que él manda sobre las Fuerzas Armadas, desmintiendo que fuera un virtual prisionero de la cúpula militar.
"Puedo asegurarles que ninguno de los grandes temas de la política de gobierno han sido consultados con la Fuerza Armada, ni en economía, educación, programas sociales ni en el tema de las privatizaciones de empresas estatales", dijo.
El parlamentario izquierdista Henry Pease, del partido Unión Por el Peru, que dirige el ex secretario general de las Naciones Unidas Javier Pérez de Cuellar, consideró insuficiente el deslinde.
"Debió decir no sólo que el poder civil decide los aspectos civiles del gobierno, sino tanbién los temas militares, los referentes a la seguridad interna y externa, pues para eso ha sido elegido", afirmó Pease.
Fujimori dedicó gran parte de su discurso a exponer una serie de medidas destinadas a aliviar la pobreza, que según reconoció alcanza a 42 por ciento de la población.
Sólo ahora, tras siete años de severo ajuste económico, es posible abordar una política de generación de empleo y alivio social, "porque en 1990, cuando recibimos el gobierno, no había un solo centavo en el Banco Central y ahora tenemos más de 10.000 millones de dolares", afirmó.
"Pero seremos cautelosos para no afectar el programa económico, pues no se puede generar empleo por decreto o emitiendo moneda, porque en última instancia los sueldos no son pagados por las empresas ni por el Estado, sino por los consumidores y por los contribuyentes", advirtió.
El presidente anunció un aumento de 15 por ciento para los empleados publicos, la construcción de 50.000 viviendas destinadas a la clase media, algunas medidas tributarias para reducir los costos empresariales y un mecanismo de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas.
También dijo que se crearán mecanismos para facilitar que los empleados públicos y jubilados puedan adquirir acciones de empresas estatales privatizadas a menor precio y con grandes facilidades de pago, para que mejoren sus ingresos mensuales. (FIN/IPS/al/ag/ip-if/97
