El primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, prepara un plan de emergencia para la ensangrentada ciudad portuaria de Karachi, donde se agrava la lucha étnica.
La Corte Suprema de Justicia advirtió el sábado que la ley y el orden están en crisis en Karachi, un centro industrial y comercial que reúne 12 millones de habitantes en su área metropolitana.
Sharif, instalado hace cinco meses en el poder, ordenó a la policía la represión de todas las bandas armadas, sin distinción de su filiación política, y anunció "un plan de máximo alcance" para poner fin a la violencia.
El primer ministro visitó la ciudad por segunda vez la semana última e informó que regresará para poner en marcha las medidas de seguridad previstas. Mientras, la policía no logra acabar con la serie de asesinatos.
Malik Shahid Hamid, presidente de la Corporación de Energía Eléctrica de Karachi, el juez Nizamuddin y su hijo, dos hijos del segundo jefe de policía de la ciudad y un inspector de policía se cuentan entre las víctimas que este mes se cobró la violencia en Karachi.
La población de Karachi es un conglomerado volátil de grupos étnicos. El mayor está conformado por los muhajirs, refugiados indios que se asentaron en la ciudad hace 50 años, cuando Pakistán se separó de India.
Los muhajirs denuncian que son discriminados a favor de los sindhis, el pueblo indígena de la región, que sólo constituye cinco por ciento de la población de Karachi.
El Movimiento Quami Muhajir (MQM) combate el poder político y económico de los sindhis, y se enfrenta con el opositor Partido Popular de Pakistán (PPP).
El MQM es aliado de la gobernante Liga Musulmana de Pakistán y las autoridades han evitado reprimirlo con dureza.
Dos testigos identificaron a activistas del MQM como los asesinos del director de la Corporación de Energía Eléctrica y de los hijos del segundo jefe de la policía local.
Así mismo, un oficial de policía señaló que 400 activistas del MQM detenidos por el gobierno de Benazir Bhutto, del PPP, fueron puestos en libertad cuando Sharif recobró el poder, en febrero.
La violencia paraliza los proyectos del gobierno para estimular la deprimida economía de Pakistán, altamente dependiente de Karachi.
"La deteriorada situación de orden público destruye la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros", advirtió Zakariya Usman, vicepresidente de la Cámara de Industria y Comercio de Karachi
"Estamos atrapados en un círculo vicioso. La violencia étnica afecta la producción industrial y los ingresos de las empresas y conduce en último término al aumento del desempleo. Y muchos desempleados se convierten en mano de obra de los grupos violentos", explicó Usman. (FIN/IPS/tra-en/am/an/ff/ip/97
