La última cumbre de presidentes de América Central logró poner orden a diez años de dispersión institucional en la región y trazó nuevas metas hacia la consolidación del proceso de integración.
Trece secretarías y 41 comisiones de diversa índole creadas en el período anterior fueron borradas de un plumazo por los seis mandatarios que intervinieron el sábado 12 en la 19 cumbre centroamericana.
El criticado y costoso Parlamento Centroamericano (Parlacen) y la Corte Centroamericana de Justicia van camino a reformas que, según el presidente de Costa Rica José Figueres, "son muy profundas, permiten más amplitud y van en refuerzo de la institucionalidad centroamericana".
Con miras a reordenar las funciones y el número de miembros del Parlacen -actualmente constituido por 20 diputados por país- fue creado un grupo de trabajo para que presente una propuesta antes de la próxima cumbre, quel se realizará en República Dominicana el 5 y 6 de noviembre.
La Corte Centroamericana de Justicia, basada en Managua, fue privada de su carácter permanente y de su competencia para actuar en conflictos que surjan entre poderes de los Estados, al tiempo que el número de sus integrantes se redujo a dos por país.
La reforma de esas dos instituciones de integración había sido rechazada por el presidente del Parlacen, Ernesto Lima, de El Salvador, así como por el ex presidente de Honduras, Rafael Callejas.
Según Lima, el estancamiento del proceso de integración no se debe al tamaño ni a los privilegios que tiene el Parlacen sino a "los intereses económicos de algunos sectores que piensan que van a ser afectados por la integración".
En cuanto a las 41 comisiones y las 13 secretarías creadas anteriormente, los presidentes decidieron fundirlas en una sola secretaría general, con sede en El Salvador, asistida por tres direcciones de programas.
El presidente panameño Ernesto Pérez Balladares afirmó que estos cambios tienen el propósito de reducir la dispersión e impulsar y fortalecer la capacidad técnica y administrativa de los mecanismos y organismos creados durante el proceso de integración.
También procuran "fortalecer las labores de seguimiento y ejecución de las decisiones presidenciales y ministeriales", así como "obtener un ahorro neto de recursos y gastos de funcionamiento, facilitando una asignación de los mismos de acuerdo a las prioridades" determinadas.
Las reformas son el resultado de un estudio realizado a inicios de año por la Comisión Económica para América Latina (Cepal) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a petición de los gobiernos del área.
La cumbre decidió, asimismo, realizar una sola reunión presidencial ordinaria al año y otra de carácter extraordinario cuando las circunstancias lo requieran.
También oficializó la incorporación de República Dominicana como observador permanente en las cumbres regionales y abrió el espacio para la concreción de un Tratado de Libre Comercio entre los otros cinco países del área y Panamá.
El ministro de Hacienda y Tesoro de Panamá, Miguel Heras, afirmó que el propósito de ese acuerdo es sustituir a los actuales tratados de intercambio comercial que, además de ser de vieja data, "no responden a la realidad actual".
El ministro de Economía de Costa Rica, José Manuel Salazar, señaló que la fórmula acordada se debe a la "complementaridad" existente entre las otras cinco naciones del área y el sistema económico que predomina en Panamá, basado mayoritariamente en la provisión de servicios.
Panamá sufre un déficit endémico en el intercambio comercial con los restantes cinco países de América Central, desde donde importa por cerca de 140 millones de dólares al año y donde coloca por apenas 80 millones de dólares. (FIN/IPS/sh/dg/ip-if/97
