La situación de marginamiento y pobreza en que viven los indígenas de Honduras se está agravando como consecuencia de la indiferencia del gobierno, según denunciaron dirigentes de las etnias.
Este jueves, una delegación de la Confederación de los Pueblos Autóctonos de Honduras (Compah) viajó a Costa Rica para presentar ante la sede regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) una demanda por el incumplimiento por el gobierno del Convenio 169 de los pueblos indígenas.
Ese pacto internacional garantiza entre otras cosas mayores accesos y oportunidades al desarrollo integral de las etnias.
Em Honduras viven unos 500.000 indígenas, aglutinados en siete etnias, de las cuales dos están en peligro de desaparición.
Los dirigentes de la Compah denunciarán también la violación a por el gobierno del presidente Carlos Reina de un compromiso suscrito el 13 de mayo con los pueblos lenca y chorti de entregarle 9.000 hectáreas de tierra.
Los integrantes de la Comisión de Garantes que supervisó esos compromisos denunciaron este miércoles la pasividad del Ejecutivo y anunciaron que tomarán medidas de presión para asegurar que el pacto sea cumplido.
"Creíamos que las cosas iban a salir bien, pero a estas alturas sentimos que junto a nuestros hermanos indígenas, hemos sido burlados en nuestra buena fe", señaló este jueves a IPS Juan Almendares, uno de los garantes.
"El gobierno ha mentido a los indígenas y al pueblo. Se esta institucionalizando la mentira y por eso nos vamos a solidarizar con nuestros hermanos indígenas para evitar una nueva ingratitud humana", dijo Almendares, integrante de un organismo no estatal por la paz y contra la tortura.
A su vez, Bertha Sánchez, del Consejo de Pueblos Indígenas de Occidente (Copin), manifestó a IPS que la deuda del gobierno con las etnias "es más grande que la deuda externa".
"Vamos a venir nuevamente a Tegucigalpa en peregrinaciones pacificas si no tenemos respuestas inmediatas", indicó.
Sánchez dijo que en los acuerdos el gobierno se comprometió tambien a esclarecer la muerte de los dirigentes chortis Cándido Amador y Ovidio Pérez, ocurrida hace tres meses a manos de matones contratados presuntamente por terratenientes de Copan, cuna de la civilización maya de Honduras, en el occidente.
El acta de compromiso estatal señala que el caso de Amador y Perez debió estar esclarecido hace un mes .
Andrés Thomas, cooperante de la Iglesia Metodista de Estados Unidos y miembro del grupo de Garantes, dijo que en el caso de los indígenas chortis no hay voluntad para esclarecer su muerte.
El gobierno tampoco ha cumplido su promesa de iniciar un desarme general en la zona de Copan, donde, según los Garantes, los chortis están siendo despojados de sus machetes mientras se permite que los terratenientes conserven sus fusiles FAL, M16 y AK- 47.
Ubodoro Arriaga, del estatal Instituto Agrario (INA), sostuvo este jueves que ese organismo no puede cumplir la entrega de tierras en forma inmediata por cuestiones legales pero que es partidario de conceder "en cuanto se pueda" sólo 1.500 de las 9.000 hectáreas prometidas en un inicio.
Asimismo, descartó que el gobierno haya aprobado un fondo de un poco más de 500.000 dólares para entrega de tierras a los indígenas, indicando que esa suma será usada en "cosas más necesarias". (FIN/IPS/tm/dg/ip-pr/97
