El aislamiento de los socios políticos de la organización armada vasca ETA ha comenzado y en toda España se discute hoy acerca de los métodos empleados y de su alcance.
Todos los partidos políticos españoles coinciden en condenar el apoyo que presta a ETA la coalición Herri Batasuna (HB), que junto con otros grupos y la organización armada integra la Coordinadora Nacionalista Socialista del País Vasco.
La polémica surge a la hora de concretar esa condena. En Ermua, el pequeño pueblo vasco en el que residía Miguel Angel Blanco, el concejal secuestrado, maniatado y muerto por ETA, la mayoría de los vecinos decidieron boicotear los comercios pertenecientes a miembros, simpatizantes o votantes de HB.
El alcalde de Ermua, militante del Partido Socialista Obero Español, pidió la suspensión del boicot. Hay más posibilidades que nunca de que ETA y HB se resquebrajen, dijo, pero "hay que darles una mano a quienes están horrorizados por el crimen", en vez de aislarlos.
Partidos aliados de HB en gobiernos municipales del País Vasco decidieron romper los acuerdos y destituir a los alcaldes pertenecientes a aquella coalición.
La única duda se presenta con el Partido Comunista, cuyo comité confederal defendió a fines de junio "la posible y deseable confluencia" con HB y que todavía no se ha pronunciado sobre la última crisis.
Las dos mayores cadenas públicas de televisión, Tele5 y Antena 3TV, decidieron abstenerse de informar sobre HB mientras esa coalición no condene el asesinato de Blanco.
El director del conservador diario ABC, Manuel Giménez Alemán, dijo que no publicará ni una sola nota sobre los objetivos, programas o estrategia de HB, pero sí las condenas o recriminaciones a esa coalición.
Otro matutino, El Mundo, el único que se pronunció sobre el caso en una nota editorial, dice haber llegado al convencimiento de que "un medio de comunicación no puede recortar el derecho de los ciudadanos a recibir información".
Los medios deben reflejar la realidad, analizarla e incluso intentar cambiarla, pero nunca omitirla, según entiende El Mundo.
Con esa posición coincide Graziano González, catedrático de filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, la mayor y más antigua del país.
González sostiene que el derecho a la libertad de expresión y de los ciudadanos a estar y ser informados prevalece sobre cualquier otra consideración, por lo que criticó la postura de las televisoras.
Pero Enrique López Castellón, catedrático de ética de la Universidad Autónoma de Madrid, calificó la decisión de las televisoras de "medida intachable, que se debería haber adoptado mucho antes".
La Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPAE), que nuclea a todos los periodistas profesionales, convocó a una reunión para estudiar y seguir cuantas iniciativas se adopten "para aislar al terrorismo y sus cómplices".
Por terroristas, la FAPAE se refiere a los miembros de ETA, y por cómplices, a HB y los otros grupos de actividad legal incorporados a la Coordinadora Nacionalista Socialista.
Mientras, desde Bruselas se informó que el Parlamento Europeo decidió este jueves retirar los privilegios que como ex diputado europeo disfrutaba Carmelo Landa, miembro de la dirección nacional de HB.
Landa, declarado "persona no grata" por el Parlamento Europeo, no podrá usar sus instalaciones de ese foro, como lo venía haciendo, para mantener reuniones y ofrecer conferencias de prensa.
Por otro lado, el ministro del Interior del gobierno autónomo vasco, Juan María Atutxa, prohibió una manifestación convocada por HB para el próximo sábado.
Atutxa entendió que sería muy difícil evitar incidentes en la manifestación de HB, dado el clima de enfrentamiento y crispación que se vive en el País Vasco a causa del asesinato de Blanco.
Landa, acompañado de otros dirigentes de su coalición, presentó la manifestación como imprescindible para decir en la calle que "es hora de avanzar en la solución y salir de esta espiral por medio de una democracia real y reivindicando los derechos del País Vasco".
HB recurrió al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que deberá pronunciarse sobre la decisión de Atutxa. Si la mantuviera, sería la primera vez en que se prohibe un acto de ese tipo desde el restablecimiento de la democracia en España.
En el campo de ETA se produjeron nuevas muestras de repudio. Dos presos de esa organización, Luis Gastón Arrieta y Luis Gorriti Pagola, expresaron en una carta su solidaridad con la familia de Blanco y pidieron "el cese de la lucha armada".
Arrieta y Gorriti consideran que todas las ideologías se pueden defender en el parlamento.
El diario pro-etarra Egin publicó el miércoles un artículo en que el profesor de ciencias políticas Mario Zubiaga justificó el asesinato de Blanco.
Zubiaga dijo que Blanco era "representante político del partido que ocupa el Gobierno en España, no un ciudadano cualquiera, pero no más o menos victimable que otros muchos".
Blanco tenía 29 años, era hijo de un albañil y se desempeñaba como concejal en Ermua, un pueblo de 12.000 habitantes. (FIN/IPS/td/ff/97
