El caso de la extraña muerte de una joven, seis años atrás, resucitó esta semana en Venezuela para salpicar de supuestos vínculos con el narcotráfico al ministro encargado de luchar contra ese delito.
Hasta el miércoles no hubo reacción oficial a la denuncia, salvo el rechazo del ministro afectado, el socialista Carlos Tablante, de que esté implicado en cualquier hecho irregular.
Pero los análisis coinciden en que el caso implica un elocuente problema para el gobierno del presidente Rafael Caldera, mientras que allegados a la joven muerta aseguran que la Agencia AntiDrogas de Estados Unidos (DEA) realiza su propia investigación sobre Tablante.
Un tribunal de apelación dictaminó que Lorena Márquez no se suicidó, como decidieron tres sentencias precedentes, sino que fue asesinada, y ordenó la detención por homicidio calificado a su esposo, Manasés Capriles, quien se habría fugado del país.
La jueza superior Norma Cabrera también determinó que se deben investigar evidencias y denuncias sobre la existencia de delitos de tráfico de drogas vinculados con el homicidio.
Los Capriles son una familia con gran poder en el central estado de Aragua, que Tablante gobernó exitosamente entre 1990 y 1996, y un hermano de Manasés, Manuel, era secretario general de la gobernación cuando se produjo la muerte de Márquez.
Inicialmente la policia calificó como homicidio el hecho, pero después pasó a sostener la tesis del suicidio, que prosperó hasta ahora, en un caso que fue investigado también por una comisión parlamentaria y donde siempre quedaron muchos cabos sueltos.
La familia de la víctima ha insistido siempre que Márquez fue asesinada por su esposo para evitar que ella cumpliera su amenaza de abandonarlo y presentar pruebas de su vinculación con lo que llegó a denominarse el cártel de Aragua.
También ha mantenido la acusación de que Manuel Capriles utilizó su poder para alterar completamente la escena del delito, cuando el cuerpo de Márquez fue ubicado por el portero del edificio donde vivía, en Maracay, a 120 kilómetros de Caracas.
Tablante indicó que respeta la decisión de Cabrera y que en nada le afecta su orden de reabrir el proceso de la muerte, ocurrida el 18 de junio de 1991, y pedir la captura de Manasés Capriles por homicidio.
Lorena Márquez tenía 23 años cuando fue hallada muerta y uno de los argumentos de la policía para desechar la tesis del homicidio es que su marido, 15 años mayor, "estaba locamente enamorado de ella", por lo que era imposible que la matara.
El ministro aseguró que los intentos por conectarlo con la alegada conexión de Capriles al narcotráfico forman parte de "una jauría politiquera" que busca destruirle.
Rafael Carabaño, fiscal nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) y adversario interno de Tablante, indicó que éste debería renunciar a su cargo de ministro de la Comisión Antidrogas, que ejerce desde diciembre.
Cabrera también ordenó investigar la gestión administrativa de Tablante, al encontrar supuestas órdenes de pago canceladas por Manuel Capriles, lo que podría constituir un delito de corrupción.
Tablante defiende la idoneidad de su amigo y ex colaborador y aseguró que sería imposible que Capriles hubiera hecho algún pago irregular con las cuentas de la gobernación porque nunca estuvo habilitado como signatario de las mismas.
El padrastro de Lorena Márquez, el controversial columnista y publicista Andrés Galdo, aseguró que funcionarios de la DEA se han entrevistado con él en los últimos meses para pedirle informes sobre Tablante.
También afirmó en una entrevista televisada que no tiene pruebas que acusen a Tablante, del que se convirtió en frontal adversario a raíz de la muerte de su hija. Pero dijo que la policía sí tiene elementos en su contra.
Tablante es visto por diferentes sectores como la figura más "presidenciable" del MAS junto con el actual ministro de Planificación, Teodoro Petkoff, y en círculos políticos se aseguró que presionó para que Caldera lo nombrara en su actual cargo, para consolidar su proyección pública.
Desde que asumió su actual cargo, Tablante ha mantenido una intensa relación con autoridades de Estados Unidos y ha promovido reformas operativas y legales para aumentar la eficiencia en las acciones contra el creciente delito de la droga en Venezuela.
El diario El Universal indicó este miércoles que la reapertura del proceso por el Caso-Lorena "es una auténtica granada fragmentaria" contra el ministro, porque más allá del suceso en sí abre la investigación de presuntos delitos de corrupción y, lo que es peor, de nexos de drogas.
Para el gobierno de Caldera, que depende del fragmentado MAS para su precario respaldo parlamentario, las acusaciones sobre Tablante -más allá de que se demuestren falsas o autéticas- amenazan con crearle problemas de imagen en un tema muy sensible para Washington.
También pudiera ocasionarle dificultades con el partido que cuenta con cinco ministros en su gabinete, si llega a pedir la renuncia de Tablante, lo que explica su silencio por ahora. (FIN/IPS/eg/dg/ip/97
