Comunidades campesinas e indígenas en el noreste de Brasil aguardan el resultado de una reunión de la junta ejecutiva del Banco Mundial a celebrarse el martes en esta capital.
Los directores ejecutivos del Banco Mundial deberán decidir si se realizará una investigación en profundidad del Proyecto de Reasentamiento e Irrigación de Itaparica, un esfuerzo por compensar a los brasileños por los hogares y granjas que perdieron durante la construcción de la reserva de Itaparica, finalizada en 1988.
La junta se ha visto atrapada entre su institución, los demandantes y el gobierno de Brasil, el cual a su vez está dividido sobre la inspección.
Las comunidades desplazadas de las riberas del río San Francisco, en los estados de Bahía y Pernambuco, se quejaron en marzo de que aún no habían visto los beneficios del proyecto.
Además, solicitaron al panel de investigación independiente del Banco que estudiara suspuestas violaciones de las reglas de la institución sobre reasentamiento, participación comunitaria y supervisión de proyectos.
Respondiendo a las acusaciones, el personal del Banco Mundial ofreció a la junta ejecutiva un plan que satisfará las demandas de las comunidades, dijeron fuentes cercanas a la junta.
Pero observadores creen que si los directores del Banco optan por el plan en lugar de autorizar la inspección, arriesgan ignorar la principal demanda de los brasileños: la participación comunitaria, y no sólo las consultas después de los hechos consumados.
En mayo, tras una revisión preliminar de las acusaciones y la respuesta del Banco, el panel recomendó que los directores aprobaran una prueba completa.
Desde entonces, "el gobierno brasileño ha presionado contra la recomendación", dijo Marcos Arruda, del no gubernamental Instituto Politicas Alternativas Cone Sul (PACS).
Brasilia objeta que la solicitud de inspección es un intento de que presiones externas influyan sobre un asunto interno. Pero los demandantes ya "agotaron sus medios para presionar a las agencias del gobierno y el ejecutivo", dijo Arruda.
El caso subrayó disensos en Brasilia, donde miembros del Congreso expresaron su respaldo por la investigación, según Aurelio Vianna, secretario ejecutivo de la no gubernamental Red Brasileña sobre Instituciones Financieras Internacionales.
En recientes declaraciones, el congresista Fernando Ferro, del Partido de los Trabajadores, hizo un llamado a Murilo Portugal, representante de Brasil en la junta del Banco Mundial, a presionar por una votación por el "sí", dijo Vianna.
Parlamentarios de oposición como Ferro creen que el proceso de inspección es una oportunidad para responsabilizar al gobierno y hacer cierto capital político, destacan analistas.
Pero las comunidades "quieren ver el proyecto finalizado y en funcionamiento", dijo Vianna, en referencia al esfuerzo de reasentamiento e irrigación. "Cómo lo lograrán es otro problema", añadió.
La solicitud de inspección fue presentada por 121 líderes comunitarios y el "Polo Sindical", agrupación de agricultores ocupantes de tierras, arrendatarios y pequeños granjeros independientes formada especialmente para presionar por los beneficios de reasentamiento que se les prometieron, incluyendo agua para la irrigación.
Los demandantes se quejan de que el proyecto no logró crear esquemas de irrigación para comunidades forzadas a dejar las tierras más fértiles de la región en busca de terrenos más secos lejos del río.
Irónicamente, la represa fue construida para brindar agua para irrigación y electricidad por la empresa local Companhia Hidreletrica do Sao Francismo (CHESF), con dinero del Banco Mundial canalizado por Eletrobras, la empresa del gobierno.
Mientras las comunidades aguardan la decisión de la junta del Banco Mundial, también están alertas ante planes del gobierno por privatizar CHESF. Si la empresa pasa a manos privadas, se preguntan Vianna y otros, ¿se lavarán las autoridades las manos en el asunto? (FIN/IPS/tra-en/aa/lp/dv-pr/97
