El gobierno de Colombia espera con optimismo el debate del polémico proyecto de ley que permitiría la entrega de los narcotraficantes para que sean juzgados en Estados Unidos, que entra en su fase definitiva a partir del día 20.
El proyecto, cuya aprobación Estados Unidos considera fundamental para el mejoramiento de las relaciones bilaterales, será sometido a cuatro nuevos debates: dos en la Cámara de Diputados y dos en el Senado en el período de sesiones que finaliza el 16 de diciembre.
Según la ministra de Relaciones Exteriores, María Ema Mejía, el Congreso ha respondido a las aspiraciones del gobierno para adoptar una legislación más fuerte contra el narcotráfico y va a aprobar el proyecto porque "hay una gran convicción sobre la necesidad de restablecer esta herramienta jurídica".
Este Congreso, que había sido uno de los de menor credibilidad, tal vez termine siendo uno de los que "muestre mayores resultados en la lucha contra el narcotráfico", comentó la ministra.
Después de oponerse a la iniciativa durante casi dos años, el gobierno de Ernesto Samper presentó al Congreso en abril el proyecto de ley que reforma el artículo 35 de la Contitución, que prohibe la extradición de ciudadanos colombianos a cualquier país, en un ambiente considerado adverso para su aprobación.
Las presuntas presiones por parte de los jefes del narcotráfico presos que se oponen al proyecto y las denuncias sobre parlamentarios que habrían recibido aportes de ellos para sus campañas electorales afectaron el debate en el período de sesiones pasado.
No obstante, la iniciativa fue aprobada en esta primera etapa el último día de sesiones, primero en el Senado y posteriormente en la Cámara de Diputados.
El proyecto aprobado, que según el reglamento debe ser sometido a otros cuatro debates, señala que la extradición "se solicitará, concederá u ofrecerá por delitos cometidos total o parcialmente en el extrerior".
Establece igualmente que la extradición no será aplicada en casos de delitos políticos o de opinión, o si el "nacional colombiano voluntariamente se somete a la justicia".
Tampoco será aplicado cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a su entrada en vigor. Este último aspecto es, según los analistas, el punto más crítico en el debate que se inicia.
De aprobarse la extradición con retroactividad, como reclama Washington, los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, jefes del Cartel de Cali, que se encuentran presos en Colombia, podrían ser extraditados a Estados Unidos.
El embajador de Estados Unidos en Colombia, Myles Frechette, ha afirmado reiteradamente que "la extradición debe aprobarse con retroactividad para que sea útil a la comunidad internacional".
Analistas políticos estiman que si se mantiene una composición de fuerzas en el Congreso similar a la del pasado período de sesiones, el proyecto saldrá aprobado con holgura.
El senador Carlos Lucio, de la Alianza Democrática M-19, considera que la aprobación de la extradición significará "la ruptura y la violación de la dignidad nacional", ya que e está cumpliendo con una exigencia de Estados Unidos.
Washington fijó a Colombia una agenda en la que figura el restablecimiento de la extradición como uno de los requisitos para concederle la certicación al país sudamericano, que le fue negada en marzo por su falta de colaboración en la lucha contra el narcotráfico.
La "descertificación" de Estados Unidos a los países con los que mantiene acuerdos para la lucha antidrogas que no cumplen con sus parámetros, da lugar a sanciones económicas y comerciales.
A Colombia no se le han aplicado sanciones, pero Washigton fijó un plazo de 10 meses para que cumpla con la agenda fijada, en la que figuran también la aplicación de las leyes de aumento de penas y expropiación de bienes a los narcotraficantes, y la destrucción de cultivos ilícitos. (FIN/IPS/yf/ag/ip/97
