En el marco de la segunda guerra mundial y la amenza nazi, en 1942 se aprobó en Uruguay una ley para proteger los símbolos nacionales. Más de medio siglo después la norma cobró nuevo vigor y puede convertirse en una amenaza a varias expresiones artísticas.
La letra del himno nacional exhorta a los uruguayos a luchar por "la patria" aún a riesgo terminar en "la tumba".
"La patria o la cumbia" fue el título satírico con el que el actor Jorge Esmoris bautizó a la obra que pone en escena en Montevideo y que publicitó con un cartel que atraviesa una calle próxima al teatro.
Una denuncia impulsada por agraviados vecinos del lugar ante el Ministerio de Educación y Cultura bastó para que esta semana un fiscal iniciara una acción penal contra Esmoris al amparo de la vetusta ley.
La norma dice que será castigado con una pena de seis meses a cinco años de cárcel quien "no guarde el respeto debido en lugar público, o abierto o expuesto al público, a la bandera, el escudo o al himno nacional".
"Parece claro que en este caso existe la apariencia de un hecho delictivo y mi obligación como fiscal es la de formular la denuncia como representante de la sociedad", dijo a IPS el fiscal Eduardo Fernández Dovat.
El ministro de Educación, Sanmuel Lichtensztejn, tomó prudente distancia del hecho al declarar que su cartera actuó "como intermediaria" entre los vecinos y el fiscal, y puntualizó que "no es un acto de censura".
La denuncia sacudió al ambiente cultural: "el caso replantea la paradoja de un orden jurídico que sacraliza los símbolos y descuida sus contenidos", dijo el día 25 el semanario izquierdista Brecha, que calificó a la norma como un anacronismo.
El semanario recordó que la Corte Suprema de Estados Unidos estableció que no es delito quemar la bandera en protesta por actos de gobierno, mientras en Uruguay "es muy difícil castigar la corrupción porque nadie se ha acordado de tipificar un delito tan universalmente habitual como el tráfico de influencias".
"La denuncia no implica condena. El actor tendrá la oportunidad de demostrar que no tuvo intención de ofender. No existía otro camino que hacer la denuncia", argumentó el fiscal.
A diferencia de lo que pudieron pensar los vecinos, la denuncia, pareció favorer a Esmoris como artista en lugar de perjudicarlo, ya que centró en el espectáculo la atención de diarios, radios y televisión.
La obra no tiene otro objetivo que divertir a través de la sátira y "lo insólito de esto es que nunca recibí tanta atención de los medios como ahora. de repente vendo más entradas", dijo a IPS el actor.
El texto gira en torno a la identidad uruguaya incluyendo actualidad política y económica, y satiriza ofreciendo soluciones a la recesión a través de atípicos caminos.
La amenaza de sanción penal por el uso de esta ley permaneció congelada durante más de medio siglo, salvo durante la dictadura militar que gobernó Uruguay entre 1973 y 1985, cuando los militares encarcelaron a varias personas por no ponerse de pie durante la ejecución del himno nacional.
La acción contra Esmoris no es aislada. Pocos meses atrás se planteó otra denuncia penal contra El Cuarteto de Nos, un popular grupo musical, que en una grabación mencionaba al prócer uruguayo José Artigas y a Ansina, su asistente negro.
Alusiones en la letra de una canción a la condicion de borracho de Artigas y a una equívoca relación con Ansina, motivaron una denuncia penal que fue alentada por diversos sectores políticos.
La denuncia se archivó a pedido de un fiscal porque la ley de 1942 sólo incluye a los símbolos nacionales, pero no a los próceres, pero el Instituto Nacional del Menor (INAME) la calificó como prohibida para menores de 18 años.
Sin embargo, esa traba jurídica podría removerse si prospera la intención de algunos legisladores de modificar la ley para que además de proteger a los símbolos nacionales incluya a los próceres, dijeron parlamentarios que pidieron reserva.
El diputado Agapo Palomeque, del Partido Nacional, integrante de la coalición de gobierno, fue uno de los impulsores de la denuncia contra el grupo musical. Para el legislador, bastó en esa ocasión con que el fiscal dijera que la letra afecta la decencia pública y el INAME limitara su venta a mayores de edad. (FIN/IPS/rr/ag/cr/97
