Las demandas salariales en la policía brasileña han puesto en los titulares de la prensa y en la agenda política la explosiva cuestión de los cuerpos de seguridad pública en América Latina.
El problema, que ya eran tan serio que muy pocos políticos tuvieron la audacia de plantearlo públicamente, cobra ahora un componente económico y presupuestario. En esas condiciones, es cada vez mas difícil evadirlo.
El dilema actual de las autoridades brasileñas puede afectar a otros países latinoamericanos en cualquier momento, pues la globalización económica generó un contexto similar en casi toda la región.
Si el gobierno del presidente Fernando Henrique Cardoso autoriza el aumento solicitado por los policías, estará amenazada toda la estrategia oficial de postergar incrementos salariales a empleados públicos, uno de los fundamentos de la política de reducción del déficit presupuestario estatal.
En el caso de que los huelguistas no alcancen su objetivo, la situación dentro de los organismos policiales se volverá aún más explosiva.
Es notorio el deterioro moral y de la capacitación profesional en las policías latinoamericanas, crónicamente afectadas por denuncias de corrupción, arbitrariedad e ineficiencia.
Las políticas oficiales de contención del gasto público chocaron ahora de frente con la cuestión de la policía y de la seguridad pública.
Esto ya había quedado claro en un trabajo de la organización no gubernamental ICODE, que en 1995 estudió los titulares de prensa en América Central y descubrió que los diarios, mientras claman por mayor seguridad en las calles, condenan el aumento del gasto público.
Pese al alarmante crecimiento de los índices de delincuencia en casi todos los países del continente, los gobiernos hasta ahora trataron la seguridad pública como un tema menor ante las prioridades macroeconomicas de la globalización.
El paro de policías en varios estados brasileños dejó a la población aún más atemorizada y creció la sensación de desprotección.
Es la primera vez que en la década del 90 una demanda por aumentos salariales no es desestimada por las autoridades como subversión o maniobra de grupos contrarios a la llamada modernización económica. Esto muestra que el gobierno de Cardoso ya percibió que puede ingresar en un callejón sin salida.
El gobierno no puede tratar los policías como empleados públicos desechables, como sucedió en otros sectores del aparato estatal. La población culparía de inmediato el gobierno por posibles nuevos brotes de inseguridad en las calles.
Si les concede los aumentos, además de abrir un precedente, muy posiblemente los fondos para el reajuste salarial reducirán aún más los ya insuficientes fondos para manutención y ampliación del aparato policial.
El dilema se conviertió en un hecho concreto en Brasil, pero está latente en casi todos los demás países latinoamericanos.
La crisis en las políticas sociales en la región no provocó hasta ahora situaciones más críticas porque sacrifica a los más débiles, pero la cuestión de la seguridad afecta a todos, en especial a la clase media y alta de la sociedad, precisamente los sectores más asustados con la ola de delincuencia. (FIN/IPS/cc/ag/ip/97
