El presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, aceptó hoy conceder una ayuda al estado nordestino de Alagoas en un nuevo intento para solucionar la crisis financiera y la rebelión policial allí en curso.
En un encuentro con el presidente en Rio de Janeiro, el nuevo gobernador de Alagoas, Manoel Gomes de Barros, obtuvo un préstamo de 110 millones de dólares a partir del 15 de agosto para pagar los salarios de sus funcionarios, siete meses retrasados.
El no pago de los salarios provocó la rebelión de la Policía Militar, con adhesión de otros funcionarios y alcaldes, que culminó el jueves en el tiroteo contra soldados del ejército durante el cual resultaron heridas tres personas.
El incidente y la protesta de 15.000 personas provocaron la caída del gobernador Divado Suruagy, quien fue reemplazado por su vice, Gomes de Barros.
Otra suma más elevada, de unos 150 millones de dólares, será aportada por el gobierno central para que Alagoas ponga en orden sus finanzas, en situación caótica desde comienzos de esta década.
Pero Cardoso exigió como condición que el pequeño estado azucarero cumpla efectivamente el programa de ajuste financiero, que prevé el despido de 14.000 de los 76.000 funcionarios, con el fin de reducir gastos.
La ayuda se acompaña de una intervención no declarada del gobierno central en la administración de Alagoas. Autoridades locales serán nombradas desde Brasilia y habrá una severa supervisión de las medidas adoptadas.
Las exigencias se explican por el hecho de que Brasilia ya sepultó casi 1.000 millones de dólares en créditos a Alagoas en los últimos años, sin lograr su objetivo, que era el ajuste de las finanzas provinciales.
Alagoas representa sólo el eslabón más dramático de una rebelión que se propaga por los estados brasileños desde el mes pasado, en la cual los policias desarrollan un "sindicalismo armado".
Tropas del ejército ya fueron movilizados para controlar la situación en cinco estados donde las huelgas dejaron las calles de las ciudades sin vigilancia policial. En varios otros, los efectivos de las fuerzas armadas están en alerta.
Es el caso de Sao Paulo, donde policías civiles se manifestarán el lunes, con apoyo de las mujeres de sus colegas militares, a quienes las normas, que en otros lugares ya fueron totalmente subvertidas les prohíben participar.
La Policía Militar (PM), un cuerpo de 363.412 efectivos distribuidos por los 27 estados de Brasil, encabeza las rebeliones en cadena, que involucran también policías a civiles.
Por lo menos 15 estados están afectados por el movimiento que reclama mejores sueldos o, en el caso de Alagoas, el pago de salarios.
La extensión del problema a todo el país es atribuido por algunos gobernadores provinciales a su par de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, que provocó la primera rebelión al excluir a los agentes subalternos de los aumentos salariales que concedió a los oficiales.
En una manifestación más violenta el 24 de junio, cuando se intentó ocupar la Jefatura de la PM, hubo tiros y un policía resultó muerto. El gobernador Azeredo decidió entonces conceder un aumento salarial de 48,2 por ciento, que, según sus críticos, estimuló los reclamos en otros estados.
Pero el origen de los incidentes no son solo los bajos sueldos, sino "la sindicalización de los cuerpos armados", según el diputado Inocencio de Oliveira, líder del cogobernante Partido del Frente Liberal.
Permitir que policías y militares se organicen para reclamos sindicales "es siempre muy peligroso", argumentó De Oliveira.
Pero las cifras indican que los bajos salarios favorecen tanto las protestas como la organización sindical. Varios estados del nordeste de Brasil pagan a sus policías menos de 200 dólares mensuales. En Paraíba, donde ya hubo huelga, ganan apenas 150 dólares.
Las desigualdades son grandes. En Brasilia están los policías mejor remunerados, con un mínimo de 1.020 dólares.
La crisis financiera de los estados, que está por detrás de esas rebeliones, tiene origen en el fin de la inflación elevada que les favorecía el equilibrio fiscal. A partir de 1994, sin el "impuesto inflacionario", la mayoría de los gobiernos provinciales vive amenazada de quiebra.
A esa situación contribuyeron también la negligencia y vicios políticos, como la contratación excesiva de funcionarios. En algunos casos los gastos salariales superan el total de ingresos fiscales, obligando al retraso o a la compresión.
Pero muchos, como el presidente del izquierdista Partido de los Trabajadores, José Dirceu, consideran necesario una corrección institucional, la extinción de una policía militarizada, considerada auxiliar de las Fuerzas Armadas Nacionales.
El gobernador de Sao Paulo, Mario Covas, propuso hace dos meses la desmilitarización de la PM y su unificación con la policía civil. Pero su propuesta encontró fuerte resistencia en la propia institución y no tuvo eco.
Quizás el barril de pólvora encendido ayude a buscar una solución definitiva. La ayuda a Alagoas, como el aumento salarial concedido en Minas Gerais, puede estimular reclamos financieros de otros gobiernos provinciales y agravar el déficit público que amenaza las finanzas nacionales. (FIN/IPS/mo/mj/ip/97
