Alagoas, en el noreste de Brasil, en medio a manifestaciones de policías y otros funcionarios contra el gobierno estadual.
La tragedia podría ser mucho más grave. Policías militares y civiles se armaron y se atrincheraron en dos edificios, dispuestos a una confrontación con 700 soldados del Ejército que protegen la sede gubernamental.
Los funcionarios de Alagoas no reciben sus salarios desde hace seis meses y se manifestaban delante de la Asamblea Legislativa del estado, en reclamo de la destitución del gobernador Divaldo Suruagy, que sería votada este jueves por los parlamentarios.
Un confuso tiroteo estalló durante el acto y se temió un enfrentamiento armado entre los policías y los efectivos del Ejército.
La calma se restableció al conocerse que Suruagy, acusado de corrupción, aceptó dejar temporalmente la gobernación por seis meses y que se pagarían algunos meses de sueldo a los policías.
El presidente Fernando Henrique Cardoso envió a Alagoas al ministro de Justicia, Iris Resende, y al jefe del gabinete militar de la Presidencia, general Alberto Cardoso, para examinar la situación y definir el tipo de ayuda financiera del gobierno central para solucionar la crisis local.
El de Alagoas es un caso especial por la debacle financiera del gobierno del estado y las denuncias de corrupción y otras irregularidades administrativas contra Suruagy, quien fue reeplazado por el vicegobernador Manoel Gomes de Barros, también acusado de participar en actos ilegales.
En Alagoas, un pequeño estado azucarero conocido por la violencia política, se registró a principios de los años 60 un intenso tiroteo protagonizado por sus diputados y allí inició su carrera política el ex presidente Fernando Collor, destituido en 1992 tras un proceso parlamentario contra la corrupción.
Pero las rebeliones de las policías estaduales se propagaron por todo Brasil desde el mes pasado, cuando la Policía Militar de de Minas Gerais, en el centro del país, se levantó contra la exclusión de los rangos inferiores en un aumento salarial concedido a los oficiales.
Tras varias manifestaciones callejeras, un intento de invasión de la sede de la jefatura culminó con la muerte de un caporal. El movimiento terminó con la intervención del Ejército y la concesión de un aumento salarial de 48,2 por ciento, que agravó la situación financiera del gobierno estadual.
Ese desenlace estimuló movilizaciones en otros estados brasileños, en una cadena de huelgas y obtención de mejores sueldos. Actualmente hay tensión y amenaza de paralización en al menos cuatro estados.
En Río Grande del Sur, los policías esperan una respuesta del gobernador Antonio Brito a sus reclamos. Si la oferta es insatisfactoria, iniciarán una huelga este viernes, permaneciendo en sus cuarteles.
En Pernambuco, otro estado del noreste, los policiales están en huelga desde este miércoles y cerca de 2.000 instalaron un campamento delante de la sede del gobierno, después que el Comando detuvo a 15 dirigentes de la Asociación de Caporales y Soldados.
En Mato Groso del Sur, en el oeste, y en Sao Paulo también hay amenaza de paralización y manifestaciones.
El Ejército fue movilizado para asegurar el orden y defender a los gobernadores en varias capitales de estados. Las Policías Militares, creadas a principios de este siglo como cuerpos auxiliares de las Fuerzas Armadas, y siempre usados contra agitaciones sociales, asumieron ahora el papel de agitadores.
El problema tiene como trasfondo la quiebra de los gobiernos estaduales, cuya mayoría destina al pago de salarios más del 60 por ciento del presupuesto, límite establecido por ley. Los aumentos concedidos a los policías como solución para las rebeliones agravan la crisis financiera. (FIN/IPS/mo/ag/ip/97
