Las organizaciones no gubernamentales (ONG) que defienden a los consumidores en Brasil decidieron crear una asociación nacional, mientras ya se movilizan en conjunto para conservar la ley de 1991, amenazada de mutilaciones en el parlamento.
Estos son dos resultados de un encuentro con que se conmemoró la semana pasada en Sao Paulo el décimo aniversario del Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor (IDEC), la mayor ONG brasileña en el sector.
Ya hay más de 50 "entidades civiles" actuando en Brasil, paralelamente a la red de oficinas gubernamentales de protección al consumidor, los Procons, mantenidos por gobiernos y Asambleas provinciales, alcaldías y Concejos municipales, según Sizefredo Paulo Paz, jefe del Departamento Técnico de IDEC.
Las ONG eligieron una comisión encargada de elaborar los estatutos y la estructuración de la asociación representativa del movimiento a nivel nacional, que promoverá el intercambio de información, acciones conjuntas y la coordinación de actividades, explicó Paz.
El movimiento de defensa del consumidor en Brasil nació de una acción oficial en los años 70, cuando el gobierno empezó a crear los Procons, recordó Paz.
Pero cobró empuje y pasó a contar con crecientes iniciativas de la sociedad civil a partir de la redemocratización del país culminada en 1985, con el fin de la dictadura militar iniciada en 1964.
El primer intento de combatir la alta inflación, el Plan Cruzado de 1986, dio otro impulso al movilizar a la población para sostener la congelación de precios y castigar a empresas que la incumplían. Se siguió con la Constitución de 1988, que entre muchos derechos sociales reconoció los del consumidor.
A partir del principio constitucional, se luchó por su reglamentación en una ley aprobada en 1991, el Código de Defensa del Consumidor, considerado uno de los más avanzados del mundo.
Esa conquista, "un gran aliado" de los consumidores brasileños, enfrenta ahora amenazas de retroceso sobre los cuales "la sociedad no está consciente", señaló Paz. Por eso, en el aniversario del IDEC las ONG decidieron también formar un Comité Nacional de Preservación del Código.
El peligro proviene del Congreso Nacional, donde fueron presentados 43 proyectos de enmiendas a la ley, la mayoría de los cuales no le agrega nada o la debilita, evaluó Celso Russomano, vicepresidente de la Comisión de Defensa del Consumidor en el Ministerio de Justicia.
Josué Rios, director jurídico del IDEC, contabilizó 174 proyectos de ley que afectarían de alguna manera la aplicación del Código y que serán evaluados por el Comité de Preservación.
Otra amenaza proviene del Mercado Común del Sur (Mercosur), cuya implantación, basada en el comercio, "olvidó la protección al consumidor", según Paz. Como los demás socios tienen leyes menos rigurosas o simplemente no las tienen, siempre se producen presiones para un ablandamiento de la brasileña.
Además, la globalización, en la que "los estados pierden fuerza ante organizaciones empresariales supranacionales y organismos como el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio", exige de los consumidores una "articulación para no perder conquistas", añadió el dirigente del IDEC.
Las entidades civiles aprobaron también en Sao Paulo una autorregulación de sus actividades, basada en cuatro principios: independencia en relación al poder financiero y político, democracia, solidaridad entre las entidades y compromiso social más allá de la defensa del consumidor.
Afirmación de la ciudadania y calidad de vida, por ejemplo, deben ser objetivos relacionados a la lucha específica de esas organizaciones, observó Paz. Y las ONG rechazan también los negocios que persiguen ganancias, bajo la apariencia de defensa del consumidor.
El movimiento aún enfrenta una "insuficiente movilización" de la sociedad, pero avanzó mucho en los últimos años, evaluó Paz. Las entidades aparecieron primero en el sur y sudeste, pero ya hay muchas en el norte y noreste del país.
El IDEC ya cuenta 40.000 afiliados, una cifra baja en relación a organizaciones europeas que cuentan con centenares de miles o millones de miembros, reconoció Paz, pero es un resultado importante respecto de otros países en desarrollo. Las adhesiones crecieron más a partir 1993.
La organización, con sede en Sao Paulo, concentra su acción en tres áreas: información, especialmente a través de la revista mensual Consumidor S.A., actuación jurídica y representación ante el parlamento, autoridades normativas, el Mercosur y otras instancias cuyas medidas afectan a los consumidores.
Las pruebas que hace el instituto, comparando la calidad y seguridad de productos y servicios disponibles en el mercado, desde juguetes y preservativos a la asistencia médica privada, se convirtieron en una importante referencia para los consumidores brasileños. (FIN/IPS/mo/ag/if/97
