Superado aparentemente el temor a un ataque especulativo en el área financiera, el gobierno de Brasil enfrenta ahora problemas en el frente social.
Un movimiento de policías militares y civiles por mejores sueldos se diseminó por 13 de los 26 estados brasileños, en cinco de los cuales tropas del Ejército protegen a las autoridades y a la población de las capitales.
El clima de agitación social se agravó con la decisión del Movimiento de los Sin Tierra (MST) de sumarse a las huelgas y protestas policiales, en un intento por unir las dos vertientes de agitación social.
Esa unión sorprende porque, hasta ahora, la Policía Miitar (PM) constituía el verdugo de los sin tierra. Fueron sus hombres los que practicaron las dos más recientes masacres de campesinos, en 1996 en Eldorado de Carajás y hace dos años en Corumbiara, ambas en la región amazónica.
El MST promueve desde el fin de semana marchas por carreteras, ocupaciones de predios rurales y sedes gubernamentales y otros actos, en preparación de grandes manifestaciones en varias capitales el viernes, Día del Trabajador Rural.
La Central Unica de Trabajadores (CUT), que últimamente tiene en los funcionarios públicos su base más combativa, también aportó su apoyo al movimiento de los policías, tradicionales represores de acciones sindicales.
"El salario de los policias es esencial", tal como la función social que ejercen, justificó Vicente Paulo da Silva, presidente de la CUT, señalando que el Sindicato de Investigadores de la Polícia Civil de Sao Paulo se afilió a la Central.
El "efecto dominó" de la rebelión policial, iniciada en junio en Minas Gerais, centro del país, extiende la ola reivindicatoria a los cuerpos policiales de otros estados brasileños, pero también a otros funcionarios públicos.
Despetó incluso reclamos de las Fuerzas Armadas por mejores remuneraciones.
El diputado Jair Bolsonaro, capitán de reserva del Ejército, volvió a agitar el problema, recordando que hace dos años y medio los militares no reciben ningún aumento salarial y el sueldo básico de los soldados es inferior al mínimo legal de 110 dólares.
Los mandos militares estiman que loss efectivos castrenses han perdido 36 por ciento de su poder de compra desde inicios de 1995. "Lo peor es que no hay perspectivas de mejora", advirtió Bolsonaro, que patrocina la reactivación de protestas de mujeres de oficiales y soldados contra los bajos sueldos.
El descontento se generalizó entre los funcionarios públicos, que sufren directamente los efectos de la contención de gastos determinada por el ajuste fiscal. Además están amenazados de despidos masivos por la reforma administrativa, que depende aún de la aprobación parlamentaria de una enmienda constitucional.
La mayoría de los gobiernos estaduales están técnicamente quebrados, tienen elevadas deudas y un déficit fiscal insostenible.
La rebelión en las fuerzas de seguridad es protagonizada por soldados, caporales y sargentos, no por los oficiales.
Ello se explica por la excesiva diferencia de remuneración entre jefes y subalternos. Los llamados "marajás", funcionarios que ganan altos sueldos, perciben a veces ingresos superiores a loss 20.000 dólares. Entre ellos hay muchos coroneles de la Policía Militar.
"A partir de ahora, el problema será la convivencia de oficiales con sargentos y caporales", escribió el analista del diario O Estado de Sao Paulo Oliveiros Ferreira.
Además de agravar los problemas fiscales estaduales y federales en razón de que el gobierno central se ve forzado a socorrer a los estados, la agitación social que se propaga genera incertidumbres institucionales.
No es posible que la economía nacional funcione bien cuando los estados están en crisis, señalan distintas voces.
El Ejército, llamado a encargarse de la seguridad en un creciente número de estados, se ve en la incómoda misión de sustituir a la Policía Militar, creada para auxiliarlo.
La situación no agrada a los comandantes, que siempre rechazaron el empleo de sus tropas en tareas policiales. (FIN/IPS/mo/dg/ip/97
