En la historia argentina de la última década hay una seguidilla de palabras claves que definen etapas: la inflación a fines de los 80, la estabilidad a comienzos de los 90, la corrupción a mediados de la década y ahora la impunidad.
Los crímenes sin castigo -o con castigo e indulto- que se arrastran de la dictadura militar, con 30.000 desaparecidos, los atentados antijudíos sin esclarecer con más de 100 muertos, el asesinato del periodista José Luis Cabezas este año aún sin aclarar, y lasdenuncias cotidianas de corrupción, pintan un cuadro alarmante.
Este mes, la justicia liberó a un grupo de funcionarios oficiales y directivos de la multinacional informática IBM detenidos en una causa por estafa, defraudación y cohecho.
Mientras el juez esperaba el informe de la fiscalía suiza, que podría probar un multimillonario soborno, la cámara federal -que está por encima del juez- ordenó liberar a los detenidos.
Pocos días después, el presidente del Consejo Deliberante de Buenos Aires -una suerte de poder legislativo de la ciudad- se fugó para evitar enfrentar a la justicia que ordenó su captura por presunto enriquecimiento ilícito. El dirigente comunal acumuló casas, autos, departamentos, tierras y ganado.
La ex esposa del presidente Carlos Menem -Zulema Yoma- se manifiesta convencida de que su hijo Carlos Junior sufrió un atentado y no un accidente en 1995, cuando su helicóptero se precipitó a tierra provocándole la muerte a él y a un acompañante, Silvio Oltra.
El fantasma de un homicidio, en este caso, provoca escozor en la opinión pública.
"Este es el país de las sombras y la impunidad", denunció este mes Laura Ginsberg, viuda de una de las víctimas del atentado contra la Asociación Mutual Israelíta Argentina (AMIA), ocurrido en 1994.
Ginsberg acusó al gobierno de encubrir a los responsables del crimen que, por el momento, tiene a los pesquisas detrás de la policía.
"En un país donde hay impunidad, el destino es la anomia", advirtió a IPS la abogada Alicia Oliveira, que actúa en organismos de derechos humanos y desarrolló en Argentina el concepto del derecho al duelo que reivindican los familiares de los desaparecidos, a fin de conocer el paradero de las víctimas.
"Es muy duro caminar por la calle y ver a un torturador, o escuchar su voz en el subte (metro)", confesó Estela Carloto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y madre de una desaparecida.
Carloto aludió así a la normativa que permitió que los responsables de la represión ilegal caminen por la calle en libertad.
Hoy, uno de los asuntos que provoca malestar es la participación de las fuerzas de seguridad en crímenes, atentados y amenazas.
La policía de la provincia de Buenos Aires aparece involucrada en los casos de los atentados antijudíos y en el crimen de Cabezas, que se sospecha que pudo haber sido ordenado por un empresario telepostal de fuertes vínculos con el gobierno: Alfredo Yabrán.
En diálogo con IPS, la psicoanalista Eva Giberti planteó que "las palabras marcan el ánimo social de una época y señalan el alerta que la gente enciende frente a las decisiones del poder".
Giberti consideró que esas palabras, de las que se adueña la sociedad, fueron inflación, estabilidad, corrupción y ahora impunidad.
"Las palabras denuncian dónde estamos parados cuando se torna obligatorio hablar de impunidad todos los días", remarcó la experta y alertó sobre el riesgo de caer en la resignación y el descreimiento en la justicia, una posición que "naturaliza y legitima" al que delinque, sabiendo que se salvará del castigo.
"Cuando la comunidad reacciona, la impunidad adquiere otra categoría porque al socializarse la preocupación por las víctimas y por lo que a cada uno podría sucederle, la impunidad deja de ser aquello de lo cual disfruta una persona para convertirse en un problema de todos", remarcó.
El concepto de impunidad está en el inconsciente de los argentinos y se traduce en encuestas que señalan que apenas 10 por ciento de la sociedad tiene confianza en la justicia, contra 59 por ciento que confía en los periodistas, que develan los casos de corrupción y la urdimbre de crímenes que rozan el poder.
Justamente los periodistas, que desde 1989 hasta 1996 fueron blanco de 800 agresiones entre amenazas, juicios, golpes y crímenes, son una cara del fenómeno de la impunidad.
Anónimos personajes se ocupan de golpear, amenazar, matar o empapelar la ciudad con afiches sin que nunca se detenga a un responsable.
La abogada Marta Oyhanarte, viuda de un empresario secuestrado y asesinado y presidenta de la Fundación Poder Ciudadano, explicó a IPS que en Argentina "la justicia no llega a cumplir su objetivo de aplicar sanción a los responsables". De allí los casos de impunidad que se registran en una serie de crímenes.
Oyhanarte recordó casos como el de María Soledad Morales, una adolescente cuyo asesinato no fue esclarecido pero conmocionó a la opinión pública en tal forma que provocó la renuncia del gobernador de la provincia de Catamarca, Ramón Saadi, sospechado de dar cobertura a los instigadores y autores del crimen.
También mencionó el caso del soldado Omar Carrasco, que apareció muerto en un cuartel militar. La muerte del conscripto derivó en la decisión presidencial de eliminar el servicio militar obligatorio, pero el homicidio no fue aclarado y las sospechas giran en torno a la oficialidad del Ejército.
No obstante, Oyhanarte cree que el crimen de Cabezas, reportero gráfico del semanario Noticias, "marcó un punto de inflexión". "Ya no es un sector o una persona individualizada la victimizada sino que la sociedad entera se compromete en el reclamo de justicia, de verdad y de castigo", destacó.
Para Oyhanarte, este compromiso difiere de otros casos en donde el tratamiento del tema se mueve por espasmos o por el interés de un individuo o de un grupo.
Por ejemplo, el atentado contra la AMIA es considerado un ataque destinado a la colectividad judía y sólo resurge con fuerza en cada aniversario.
El asesinato de Cabezas, si bien al principio era considerado como un caso que movilizaba principalmente al gremio periodístico, se fue convirtiendo en un estandarte de la resistencia a la impunidad.
Por eso, hoy el reclamo de esclarecimiento de ese caso no pertenece a la viuda ni a la revista Noticias sino a la sociedad.
A su vez, los casos de muertes impunes impulsaron el surgimiento de grupos de familiares, en donde se destacan las mujeres como motores del reclamo de justicia.
Con el ejemplo y antecedente de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, que continúan reclamando por sus hijos y nietos desaparecidos, se conformó una agrupación de familiares de víctimas de la represión policial, liderado por una mujer.
También son mujeres las principales referentes de Memoria Activa, la organización que se formó tras el atentado a la AMIA. Ginsberg, que reclama como esposa de un muerto en el ataque, responsabilizó al gobierno por la falta de esclarecimiento del caso. Su deseo es saber quién fue que perpetró el ataque.
La misma inquietud moviliza a Gladys Cabezas, hermana del periodista asesinado, que pidió dialogar con los acusados de ser autores materiales del crimen.
Gladys quiere saber quién ordenó matar a su hermano, una pregunta que se hace toda la sociedad. (FIN/IPS/mv/dg/ip-pr-hd/97
