El gobierno de Argentina fue condenado hoy por encubrimiento durante el acto con motivo del tercer aniversario del atentado a la Asociación Mutual Israelíta Argentina (AMIA), que dejó 86 muertos y 300 heridos.
Los dirigentes de la colectividad judía y los familiares de las víctimas pronunciaron los discursos más críticos contra las autoridades por la falta de resultados en la investigación y se dirigieron por su nombre a los funcionarios que consideran responsables.
"Yo acuso a (el presidente Carlos) Menem y (al gobernador de la provincia de Buenos Aires Eduardo) Duhalde de encubrir a la conexión local que se armó para matar a nuestros familiares", clamó Laura Ginsberg, miembro de Memoria Activa, que nuclea a familiares.
Menem, quien no asistió al acto, dijo que "el Estado, el gobierno hizo todo lo posible, al menos cumplió con el pago de indemnizaciones", y señaló ahora es la justicia la que debe avanzar en el esclarecimiento de la causa.
El aniversario del atentado contra la AMIA estuvo signado esta vez por la indignación de familiares contra los miembros del gobierno a los que responsabilizan por la impunidad de los asesinos y la falta de voluntad y de recursos para que se resuelva el caso.
Incluso uno de los oradores del acto, Rubén Beraja, presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, fue silbado por una multitud que se colocó de espaldas a él durante su discurso en condena a su demora en difundir una lista de los funcionarios que traban la investigación.
También se formularon severas críticas a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia que se negaron a trasladar a la justicia federal la causa del atentado contra la embajada de Israel, perpetrado en 1992 con un saldo de 29 muertos.
En el caso de la embajada, la única hipótesis en la que insisten los integrantes del tribunal es la de una "implosión" producida dentro de la sede diplomática, una versión rechazada de plano por el gobierno de Israel.
Ginsberg acusó al Ministerio del Interior de gastar millones de dólares en una pista de aterrizaje para uso exclusivo del presidente en la provincia de La Rioja, mientras continúan las amenazas contra los familiares de las víctimas, que son acosados mediante llamadas telefónicas y persecusiones en automóviles.
"En este país, gobierna la sombra y la impunidad, y el Ministerio del Interior sigue sin ocuparse de la seguridad de los argentinos", dijo Ginsberg. "Se vanaglorian de haber aportado recursos económicos para el edificio, como si eso tuviera alguna relación con la obligación de esclarecer el atentado".
Desde que comenzó la investigación hay un civil y cuatro policías de la provincia de Buenos Aires detenidos, y procesados como "partícipes necesarios" en el crimen. La justcia sospecha que aportaron el vehículo que estalló contra la sede de la AMIA con los explosivos.
Los investigadores creen que el autor intelectual del atentado puede estar fuera de Argentina, y en concreto señalan al grupo fundamentalista Hezbollah, que actúa en el sur de Líbano con apoyo iraní. Pero aseguran que toda la ingeniería se realizó con argentinos.
El presidente de la AMIA, Oscar Hansman, advirtió a los dirigentes políticos que "se está jugando la confianza básica entre ellos y la ciudadanía" por la falta de voluntad y recursos para esclarecer el atentado a la mutual.
Los organizadores levantaron un palco frente a la sede de la AMIA con un cartel que decía: "Basta de impunidad, castigo a los asesinos".
A su vez, el nuevo edificio, que se levanta sobre las ruinas, fue enlutado con una extensa bandera negra con la leyenda bíblica: "Justicia, justicia… perseguirás".
Cerca de allí, se reservó un palco para los miembros del gobierno, que fueron insultados y silbados por los manifestantes, en especial el ministro del Interior, Carlos Corach.
Pese al rechazo, Corach se mantuvo en el lugar junto al canciller Guido Di Tella, el ministro de Justicia, Raúl Granillo Ocampo y el jefe de gabinete, Jorge Rodriguez, y escucharon los discursos sin hacer declaraciones.
"No puedo soportar que Corach venga aquí, a pararse en el mismo lugar donde murió mi hija", gritaba una mujer que participó en el acto.
Los oradores señalaron hechos puntuales que trabaron la investigación durante estos tres años, como el robo de 66 casetes con conversaciones telefónicas ordenadas por el juez federal Juan José Galeano y el robo de la batería de la agenda electrónica del primer detenido, el mecánico Alberto Telleldín.
Telleldín acondicionó el vehículo que se utilizó como coche- bomba y la entregó a agentes de la policía de la provincia de Buenos Aires Es allí donde la investigación se interrumpe y se vuelve difusa la responsabilidad final en el ataque.
Ginsberg y Hansman insistieron en la escasa voluntad oficial de pronunciarse contra el gobierno de Irán.
"Pese a las sospechas de que hubo diplomáticos iraníes que pudieron ser mentores del atentado, el gobierno (argentino) mantiene relaciones diplomáticas con ese gobierno, y el comercio bilateral aún crece", dijo Hansman.
Ginsberg, quien perdió a su esposo en el atentado, exortó al presidente argentino a que "aporte la semiplena prueba" de la participación iraní. Aludió así a una frase de Menem, quien hace dos años admitió que existía semiplena prueba de la participación de Irán en el atentado.
Finalizado el acto, que incluyó la lectura del nombre y la edad de cada una de las víctimas, los asistentes caminaron por las calles de Buenos Aires hasta la sede de los tribunales, en reclamo de justicia y castigo a los responsables. (FIN/IPS/mv/ag/ip/97
