Los países latinoamericanos deben adquirir el compromiso de convertir los derechos humanos en "la agenda regional", planteó hoy en Venezuela el canciller de Ecuador, José Ayala, en un foro de funcionarios, expertos y activistas.
El encuentro de dos días, concluido este viernes, promovió la reflexión sobre los derechos humanos como base de una gobernabilidad democrática, como insumo para la VII Cumbre Iberoamericana, que se realizará en noviembre en el país.
La reunión de los 21 países de la región, España y Portugal va a estar centrada en los "valores éticos de la democracia" pero activistas de derechos humanos manifestaron aquí su alarma porque se vislumbra un trato superficial y no integral del problema.
Ayala se sumó en su intervención a la posición general de que asumir los derechos humanos como centro de la actividad pública es una exigencia cada vez más perentoria de la población de América Latina y también una presión internacional.
El ex presidente de Guatemala Ramiro de León subrayó la urgencia de que esa atención se centre en los derechos económicos, sociales y culturales, sin olvidar los políticos, porque la gobernabilidad democrática estará amenazada de no hacerlo.
El ex mandatario dijo que es impensable hablar de paz y democracia cuando en 1996 la pobreza afectó a 210 millones de latinoamericanos, la cifra más alta de la historia regional.
De León reflexionó que los gobiernos no pueden esperar que las poblaciones de sus países acepten la miseria, para garantizar un modelo económico que en un futuro le traería la prosperidad.
Se preguntó si, mientras esa prometida prosperidad llega, "estaremos asistiendo al más grande genocidio de la humanidad".
El director regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el costarricense Fernando Zumbado, recordó que los mismos organismos financieros que impusieron el ajuste estructural de la economía, plantean ahora la necesidad de atender las necesidades sociales de la población.
El PNUD, organizador del encuentro a pedido del gobierno anfitrión, impulsa desde 1990 un cambio de orientación del desarrollo, que se centre en la mejoría de las condiciones de vida de la población y no en el logro de crecimiento económico.
Zumbado explicó que el reto latinoamericano es el de comprometerse en satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales sin por ello abandonar la defensa de los derechos políticos, que por décadas concentraron el anhelo regional.
Para el funcionario internacional, se demostró desde la década pasada el gran error que es intentar modernizar la economía sin acompañar ese objetivo con una modernización de las estructuras democráticas y de los valores fundamentales de la gobernabilidad.
Zumbado afirmó que se percibe en la actualidad una preocupación real de los gobernantes regionales por avanzar en la seguridad general de los derechos humanos.
Como conclusión del foro, dijo que para avanzar en esa vía hay que fortalecer la acción a nivel institucional y en los hábitos colectivos e individuales no sólo de los gobiernos sino del conjunto de la sociedad, dos elementos que requieren ser reformados. (FIN/IPS/dg/eg/ip-hd/97
