En momentos en que el respaldo popular al presidente de Perú Alberto Fujimori desciende aceleradamente, un referendo sobre la posibilidad o no de que el jefe de Estado postule a un tercer mandato parece el camino más apropiado para evitar un golpe militar.
La presunta tensión pregolpista emana de la lucha entre los partidarios de una segunda reelección consecutiva de Fujimori que la Constitución prohibe y los partidos opositores que carecen de mayoría parlamentaria pero parecen contar con el apoyo de un sector militar en las sombras.
El riesgo de un golpe militar contra Fujimori y contra la cúpula castrense que lo respalda o la posibilidad de un "autogolpe" fujimorista similar al de 1992, que establecería un régimen semimilitar, es un tema del que comienza a hablarse en Lima.
En ese marco, uno de los líderes del gobernante partido Cambio 90, el congresista Carlos Ferrero, se plegó este martes a la propuesta de referendo que promueven los partidos opositores, aunque con diferente razonamiento, e introdujo el tema en el interior de las filas del oficialismo.
La oposición, profundamente dividida, quiere cerrar el paso a la postulación reeleccionista de Fujimori porque no aparece todavía en el horizonte local ningún candidato con posibilidades de derrotarlo, y estima que en un referendo podría juntar fuerzas y luego establecer una competencia interna por la presidencia.
Ferrero, por su parte, considera que un pronunciamiento claro del electorado, rechazando o aprobando la postulación de Fujimori a un segundo mandato, aclarará el panorama y aliviará las tensiones políticas, al legitimar las aspiraciones del actual mandatario.
El presidente del Congreso, Víctor Joy Way, dijo que "no se ha adoptado ninguna iniciativa al respecto", pero su compañera de bancada y dirigente de la línea dura del fujimorismo parlamentario, Martha Chávez, se opuso tajantemente.
Según Chávez, el tema de la postulación de Fujimori debe debatirse primero como Reforma Constitucional en el Congreso, donde el oficialismo tiene mayoría, y sólo después la oposición podría recurrir al referendo.
Teóricamente, la posesión de una mayoría absoluta en el Congreso y el respaldo de las cúpulas castrenses deberían darle a Fujimori muy fuerte estabilidad, aunque sus aspiraciones reeleccionistas fueran infundadas.
Pero es cada vez más evidente que la cúpula castrense que respalda a Fujimori no controla totalmente el aparato militar y un sector de los servicios de inteligencia, con el apoyo de algunas logias de oficiales del ejército, se mueven conspirativamente.
Se mencionan hasta dos logias en el Ejército, una que se hace llamar "León Dormido" y emitió en el pasado algunos documentos, y la otra conocida como "Comaca" (abreviación de coroneles, mayores y capitanes).
Estas logias se oponen a la persistencia en el cargo de comandante general de la Fuerza Armada del general Nicolás Hermoza, quien debió pasar a retiro en 1992 pero fue mantenido por decisión de Fujimori.
Por otro lado, en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), institución que tradicionalmente ha estado bajo control del Ejército, hay resistencia contra su virtual jefe, el abogado Vladimiro Montesinos, colocado en el cargo igualmente por el presidente de la república.
Versiones sobre supuestos casos de corrupción de jefes militares y de algunos políticos, así como acusaciones de crímenes cometidos por el Servicio de Inteligencia del Ejército contra oficiales y agentes de la institución, aparecen con cada vez mayor frecuencia en la prensa local.
Ante la imposibilidad de identificar a quienes dirigen esta campaña conspirativa, los jefes del SIN tratan de silenciar a la prensa que acoge las revelaciones e intimidar a los agentes de menor nivel de los conspiradores que actúan como enlaces con la prensa.
Cuatro oficiales del SIN torturaron a una agente del servicio para que revelara quién le entregó la información clasificada que ella proporcionó al canal 2 de televisión y es probable que otra agente, cuyo cuerpo descuartizado fue arrojado a una carretera, haya sido víctima de los mismos militares.
El propietario del Canal 2, Baruch Ichver, es acusado por oficiales del ejército de difamación, en tanto que el Comando Conjunto desarrolla una campaña para quitarle la nacionalidad peruana, porque es de origen israelí, y obligarlo a vender su estación de televisión.
La agente torturada, Leonor La Rosa, consiguió la protección de las organizaciones de derechos humanos y sus denuncias han aumentado la velocidad de la erosión de la popularidad de Fujimori.
A comienzos de este año, las encuestas atribuían a Fujimori un respaldo electoral superior a 60 por ciento, base de popularidad que alimentaba sus aspiraciones reeleccionistas.
Pero, según una encuesta efectuada el día 4 por la Compañía Peruana de Investigación de Mercados, sólo 37,8 por ciento de los peruanos consultados considera democrático el gobierno de Fujimori. (FIN/IPS/al/dg/ip/97
