La privatización de la red vial por el sistema de concesiones y peaje resultó un gran desastre para las finanzas de México, cuya enmienda podría demandar a largo plazo 25.000 millones de dólares.
Así lo dijo a IPS el economista Gustavo Emmerich, de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), quien señaló que según cálculos extraoficiales el costo fiscal de un rescate carretero será similar al que requirió la también privatizada red bancaria.
La deuda inicial que contrajeron los concesionarios de rutas con la banca es de cerca de 3.250 millones de dólares pero se ha ido engrosando con moras e intereses compuestos que la han convertido en prácticamente impagable, señaló Emmerich.
Sostuvo que "el fracaso de las concesiones para construir, administrar y mantener las carreteras transformó en pesadilla lo que fue punta de lanza del neoliberalismo en México".
La crisis económica estallada en diciembre de 1994, con la caída del peso a la mitad de su valor ante el dólar y un descenso del producto interno bruto del siete por ciento en 1995, "dio la estocada final a la privatización vial", expresó.
Las altas tarifas, el deterioro del poder adquisitivo de la población y el proceso económico recesivo redujeron a un mínimo el flujo de vehículos a la vez que volvieron insuficientes las tarifas pactadas para cubrir la operatividad y el mantenimiento de las concesiones.
Se calcula que las autopistas administradas por el sector privado sólo cuentan cotidianamente con alrededor de 30 por ciento de su necesidad de aforo.
Además el costo por el uso de estas vías -como ocurre con la llamada Autopista del Sol, que cubre la ruta México-Acapulco- es tan elevado que llega a equipararse con el precio de un boleto de avión para el mismo trayecto.
Frente a semejante situación, los concesionarios han acumulado adeudos con la banca que ya no pueden pagar y el gobierno carece de los recursos necesarias para solventar un rescate inmediato, lo que no hace más que agravar el problema en perspectiva.
El Congreso mexicano aprobó en octubre pasado la instrumentación de un programa para salvar de la quiebra a las carreteras concesionadas pero no se dio ningun paso concreto para aplicarlo porque faltan los fondos requeridos.
Los empresarios de la infraestructura carretera, entre los que se encuentran tres de las más grandes firmas mexicanas de la construcción (ICA, Tribasa y GMD), plantearon que es indispensable el apoyo gubernamental para evitar una quiebra generalizada.
Una bancarrota de tales empresas podría arrastrar a buena parte de la rama de la construcción y significaría la pérdida de cientos de miles de empleos.
Representantes de las compañías afectadas se quejan de que los bancos los están presionando para que pacten un acuerdo con el gobierno antes que convertirse en deudores morosos.
Expertos en temas económicos y financieros, así como voceros de la oposición, consideran que los empresarios mexicanos con concesiones carreteras, en su mayoría pertenecientes a la gran industria, no están asumiendo sus responsabilidades.
"Al recibir las concesiones se obligaron a construir y mantener las carreteras a cambio de enormes utilidades y de los riesgos que hoy buscan eludir", declaró Carlos Lavore, del centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática.
"Como siempre, ahora le piden al Estado, o sea a la sociedad, que enfrente las pérdidas", añadió.
Los concesionaros propusieron al gobierno reestructurar sus compromisos con un vencimiento por adelantado o una recompra por parte del estado, o colocar en los mercados mundiales bonos viales de largo plazo que permitan el pago de los adeudos.
Algunos analistas estiman que si bien no es sano para las finanzas de México que el gobierno asuma el rescate de la red vial peor sería una crisis de las grandes empresas de la construcción, por el efecto dominó que podría tener.
Opinan asimismo que hoy el Ejecutivo carecer de los recursos para desarrollar el vital sector carretero y debe evitar medidas capaces de ahuyentar a los inversionistas privados.
Las autoridades reconocieron la necesidad de que las tarifas bajen para alentar el uso de las rutas, especialmente por los transportistas, quienes prefieren viajar por carreteras federales gratuitas sumamente deterioradas.
Desde comienzos de año el gobierno puso en marcha una táctica de descuentos en horarios y días determinados, así como a usuarios frecuentes de algunas vías, como la autopista entre México y Cuernavaca, pero los especialistas estiman que tales medidas son insuficientes. (FIN/IPS/emv/dg/if/97
