India invierte cada año 1.000 millones de dólares en proyectos de desarrollo para mejorar la calidad de vida de las aldeas, pero nadie sabe qué cantidad de dinero llega realmente a sus destinatarios.
La MKSS, una organización independiente de agricultores y obreros, exigió a la gobernación del noroccidental estado de Rajastán que inform de de modo detallado a la población sobre el gasto público en obras de desarrollo.
Las autoridades de Rajastán reconocieron hace dos años que el pueblo tiene "derecho a saber" qué ocurre con los recursos para el desarrollo. Pero postergaron el asunto, y el 7 de junio designaron un comité que determinará cómo se habrá de compartir la información.
El informe de otro comité, remitido en agosto, fue declarado secreto, ante el asombro de la MKSS, que acusa a la gobernación de Rajastán de faltar a su promesa de mayor transparencia.
Activistas de la MKSS realizan una sentada pública desde el 26 de mayo, a pesar de que el primer ministro del estado, Bhairon Singh Shekhawat, aseguró haber ordenado cumplir con el derecho de información del pueblo.
La MKSS, que denunció la malversación de fondos destinados a proyectos de desarrollo, desea que las autoridades informen públicamente cuánto gastan en educación, salud, vivienda rural y en otras áreas.
La información "es importante para luchar contra la corrupción, pero más aún, fortalece la democracia, al asegurar la plena participación del pueblo para garantizar" el destino de recursos presupuestales, dijo Aruna Roy, de la MKSS.
La organización logró un amplio apoyo mediante la realización de asambleas públicas a las que invita a miembros de la legislatura y de la gobernación del estado.
Una asamblea abierta consideró en la localidad de Alwar el caso de los campos fértiles que son expropiados para establecer destilerías e industrias tóxicas expulsadas de Nueva Delhi, situada 150 kilómetros al norte.
En otra asamblea, la MKSS reveló que la lista de trabajadores contratados para la construcción de un canal en el distrito de Pali incluía a personas muertas e inexistentes.
Otro caso es el de una compañía fantasma compuesta por familiares de funcionarios que recaudaban miles de dólares para obras de desarrollo en el distrito de Rajsamand que nunca se realizaron.
"Si logramos que nos paguen salarios justos en la aldea, no tendremos que emigrar una y otra vez. El derecho (a la información) protegerá nuestro sustento", dijo Naurati, un habitante del distrito de Ajmer, que se trasladó a la capital estadual de Jaipur para participar en la sentada.
"No lucho por mí mismo, sino porque el derecho a la información ayudará a toda la sociedad", señaló otro aldeano, Jeti Bai.
La pobreza es general en las zonas rurales de Rajastán. El 25 por ciento de la población trabajadora está compuesta por campesinos sin tierra que no ganan más de un dólar por día, lo que obliga a las familias a emigrar a las zonas urbanas.
La MKSS solicito pruebas documentales del gasto en programas para el desarrollo rural y contra la pobreza en Rajastán.
El ministro Shekhawat, del derechista Partido Hindú, prometió en abril de 1995 la entrega de copias del registro de gastos en desarrollo en los últimos cinco años.
Shekhawat aseguró que, de existir "irregularidades", habría una investigación y se recuperaría el dinero que se hubieran apropiado "los corruptos".
Pero un año después, el anuncio del ministro no se había traducido todavía en hechos, y la MTSS lanzó su movilización en un pueblo de Rajastán, poco antes de las elecciones generales de mayo de 1996.
La gobernación del estado cedió ante la presión, y aceptó publicar la información contenida en los registros.
El "derecho a saber" también se convirtió en asunto público en el estado de Madhya Pradesh, donde algunos funcionarios se unieron a una organización no gubernamental para reclamarlo.
El estado de Madhya Pradesh fue el primero en que el derecho a saber se convirtió en ley. (FIN/IPS/tra-en/bd/an/aq-ff/hd/97
