Las ciudadanías de India y Bangladesh están embarcadas en sendos debates nacionales sobre si se debe juzgar o proteger a quienes cometen delitos graves "en beneficio del Estado".
La piedra de la discordia en Bangladesh es la acusación ante la justicia de 25 personas, muchos de ellos renombrados políticos y ex militares, por los asesinatos del líder de la independencia y primer presidente, Sheikh Mujibur Rahman, y miembros de su familia.
El caso fue reabierto el año pasado cuando la hija del jefe de Estado, Sheikh Hasina Wajed, fue elegida primera ministra del país.
En India, la cuestión de los excesos de funcionarios de seguridad quedó bajo el escrutinio de la ciudadanía con toda su gravedad a fines de mayo, con el suicidio de Ajit Singh Sandhu, un policía del estado noroccidental de Punjab.
Sandhu había sido acusado de graves violaciones de derechos humanos, extorsión, tortura y ejecuciones sumarias de supuestos terroristas mientras combatía la guerrilla separatista jalistaní en Punjab a finales de la década del 80 y principios de los 90.
La oposición de Bangladesh, en particular los militantes islámicos, acusaron al gobierno de Sheikh Hasina Wajed de "remover" historias ya pasadas y enterradas y de lanzar una "caza de brujas" contra "hombres honorables" que actuaron al servicio de los "mejores intereses" de la nación.
Pero el retraso de dos decenios en la acusación tiene su explicación en la hostilidad de los gobiernos posteriores a 1975 hacia la Liga Awami, el partido de Sheikh Mujibur Rahman. Las administraciones previas a la actual no promovieron el juzgamiento.
La acusación afirma que los asesinatos respondieron a una conspiración militar encabezada por Jandekar Mushtaque Ahmed, quien fue declarado presidente luego de la muerte de Sheikh Mujibur Rahman. Los propios asesinos admitieron la conspiración, pero Jandekar les recompensó por ello.
El juicio contra los 25 acusados, entre ellos los asesinos confesos, como el mayor Farooq, podría establecer la verdad. Pero cuatro de los acusados ya han muerto en estos 20 años.
El caso indio es más complicado. Los simpatizantes de Sandhu afirman que estos métodos de mano dura era necesaria para combatir a las milicias secesionistas de Jalistán en Punjab desde los años 80 hasta hace dos años.
Pero organizaciones humanitarias cuestionan esa afirmación y aseguran que el policía acusado utilizó métodos lindantes con el sadismo. El gubernamental Tribunal Nacional de Derechos Humanos considera 43 demandas contra Sandhu.
Más de 10.000 personas, entre ellas 1.700 policías, perdieron sus vidas durante el conflicto en Punjab. El gobierno asignó poderes extraordinarios a los policías, quienes, sin ninguna duda, los ejercieron. Y cometieron abusos. Sandhu fue de los peores, de acuerdo con las acusaciones.
Quienes defienden a Sandhu argumentan que las operaciones policiales contra los militantes jalistaníes fueron claves en su derrota y que lo que se registró fue una guerra, circunstancia en la que siempre menudean las violaciones de derechos humanos.
Además, aseguran, hubo "pocos" excesos, que, de todos modos, fueron menores en relación con las graves violaciones de derechos humanos cometidas por los secesionistas. El examen judicial de la conducta de los policías solo puede producir desmoralización, agregan.
Es dudoso que la acción policial haya sido la causa de la derrota de los separatistas. La falta de apoyo popular a la constitución de un estado independiente en Jalistán, los crímenes de los grupos militantes y su aislamiento de la población civil, mientras tanto, fueron factores cruciales.
En Punjab, los militantes estaban muy mezclados con los no combatientes, lo que les obligaba a observar reglas estrictas en cuanto al uso mínimo de la fuerza. Los policías de gatillo fácil, como se cree que fue Sandhu, hicieron lo contrario.
Hay muchas sospechas, e incluso evidencias, de que la policía es culpable de mucho más que "unos pocos excesos" en Punjab.
De modo rutinaria, afirman organizaciones de derechos humanos, realizaban extorsiones por dinero, torturas y ejecuciones sumarias. Los desaparecidos se cuentan por miles.
Informes confirmados por el gobierno registran 2.097 cremaciones de cadáveres dispuestas por la policía del distrito donde operaba Sandhu en apenas dos años. Del total, 859 fueron total o parcialmente identificados. (FIN/IPS/tra- en/pb/an/hd/mj/97
