El gobierno español se enfrenta a una rebelión de los fiscales, que exigen la renuncia de la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, y del Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal.
La Junta General de Fiscales y las dos asociaciones que agrupan a esos profesionales de la justicia se pronunciaron este martes en contra de la designación por el gobierno de Eduardo Fungairiño como fiscal jefe de la Audiencia Nacional.
El jefe del gobierno, José María Aznar, del centroderechista Partido Popular (PP), ratificó este martes su confianza en la ministra y en Cardenal. Además, dijo en rueda de prensa, el coro que clama contra la designación de Fungairiño "es el mismo, con los mismos actores" que clamó poco antes en sentido contrario.
La Audiencia es el tribunal encargado de instruir y juzgar en primera instancia los casos que superan el ámbito provincial, como los de narcotráfico, guerra sucia y terrorismo.
Sus fiscales, entre ellos Fungairiño, son considerados y calificados así por la prensa como "los indomables" por su firmeza en la investigación de esos delitos.
También están amenazados de muerte por la organización separatista vasca ETA y criticados por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) por investigar los crímenes durante la "guerra sucia" (1983-86) realizada desde el Ministerio del Interior del primer gobierno del socialista Felipe González.
Los rebeldes objetan que Cardenal propuso al gobierno la designación de Fungairiño, a pesar de que la Junta General de Fiscales (o Consejo Fiscal) había emitido un dictamen en contra. Cardenal presentó un informe técnico según el cual las opiniones de la Junta no son vinculantes.
Unos meses atrás la Junta emitió un dictamen a favor de la designación de un Fiscal General del Estado, pero el gobierno no lo designó, en gran parte por las críticas del PSOE e Izquierda Unida.
A ese hecho se refirió Aznar al afirmar que "el mismo coro, con los mismos artistas" reaccionó de manera opuesta ante un mismo tema: no hacer caso del juicio de la Junta de Fiscales.
Los fiscales de la Audiencia Nacional, Fuingairiño entre ellos, sintonizan con la manera de actuar de los jueces Baltasar Garzón y Javier Gómez de Liaño, quienes instruyen los casos relacionados con la "guerra sucia", en los que están procesados ex altos funcionarios del gobierno de Felipe González.
Las dos asociaciones que agrupan a los fiscales piden la renuncia de Cardenal y amenazan con iniciar acciones judiciales contra su decisión. La Junta le envió un escrito en el que le pide que vea si debe renunciar, por haber adoptado una resolución poco ajustada al principio de la legalidad constitucional.
El diputado, ex ministro y portavoz parlamentario socialista Joaquín Almunia dijo que se trata de un "grave error político y un error jurídico".
El PP y sus aliados parlamentarios, los nacionalistas moderados del País Vasco y Cataluña, sostienen que el nombramiento es legal.
Fuentes gubernamentales señalaron que con ese acto se pone fin a un período de inestabilidad en la Audiencia Nacional, que ahora podrá cumplir con eficacia su cometido.
El vicepresidente del gobierno, Francisco Alvarez Cascos, ha dicho que el ejecutivo heredó un problema en la Audiencia y que le ha dado "una salida jurídicamente correcta y políticamente necesaria".
El diario El País de Madrid, al conocer la decisión del gobierno y antes de concretarse la rebelión de los fiscales, dijo que aquella revela inmadurez o ignorancia.
Y añadió que es una prueba adicional de que el gobierno del PP "sólo acierta cuando se abstiene", pues "cada vez que ensaya un gesto de autoridad se queda en arbitrario y crea un problema mayor que el que aspiraba a resolver". (FIN/IPS/td/ag/ip/97
