Legisladores de diversas tendencias políticas y organizaciones sociales de Ecuador se pronunciaron en apoyo del primer Defensor del Pueblo elegido en el país, que presentó su renuncia a un mes de haber asumido el cargo.
César Trujillo, un destacado abogado laboralista, fue designado defensor del pueblo a principios de mayo con el voto unánime de los 82 miembros del parlamento unicameral.
De acuerdo con la resolución parlamentaria, Trujillo estaría al frente a la Defensoría del Pueblo hasta el año 2001. Pero 20 días después de ungirlo, los parlamentarios decidieron reducir su período hasta el 10 de agosto de 1998, día en que se instalará un nuevo gobierno.
"Es absurdo que un organismo que por su misma naturaleza debe ser independiente de las funciones del Estado tenga que supeditarse al cronograma electoral", dijo Trujillo.
"La Defensoría del Pueblo" no puede convertirse "en un botín político", advirtió.
Con esos argumentos, Trujillo envió este jueves su renuncia al parlamento. Pero varias organizaciones sociales desean que permanezca en funciones.
"Trujillo cuenta con el respaldo de organizaciones de mujeres, de indígenas y de derechos humanos", y su permanencia en funciones "ya no depende solamente de la voluntad de unos diputados", señaló a IPS Julio Flores, de la Coordinadora de Movimientos Sociales (CMS)
"Si logramos que Trujillo se quede como defensor del pueblo, conseguiremos que esta actividad tenga un verdadero sentido", explicó Flores.
Agregó que la CMS, representante de unas 300 organizaciones civiles, realizará una serie de marchas en apoyo del Defensor del Pueblo.
El caso de Trujillo será abordado en la próxima sesión extraordinaria del Poder Legislativo, anunció Francisco Romero, presidente encargado del parlamento. Los legisladores estudiarán una propuesta para ampliar nuevamente el período de gestión concedido al Defensor del Pueblo.
"El parlamento no debe aceptar la renuncia de Trujillo". La solución del conflicto "está en manos de los legisladores, que pueden asegurar su permanencia por cuatro años, tal y como lo dispone la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo", dijo Romero.
Para Alexandra Vela, jefa del bloque parlamentario de la Democracia Popular, el período de Trujillo "debería concluir en el 2002, cuando el gobierno que resulte elegido en 1998 concluya" su mandato.
De esa manera, según Vela, "todos los períodos tendrán una secuencia cronológica, lo cual es mejor para la institucionalidad del país".
Los partidos políticos aceptaron la creación de la Defensoría del Pueblo creyendo que se trataría "de un interesante espacio para ejercer el poder", opinó Hugo Venegas, consultor del Centro de Estudios y Atención a Víctimas de la Violencia.
Así mismo, el recorte de su mandato se resolvió "por motivos netamente políticos, como políticos son los intereses que ahora llevan a los diputados a pensar en ampliar nuevamente el período" de Trujillo, dijo Venegas a IPS.
"Un instrumento que nació de la negociación entre las diferentes fuerzas políticas nunca podrá sacudirse esa especie de estigma", advirtió el consultor.
Varios bloques parlamentarios se unieron en apoyo del Defensor del Pueblo. "Hemos conseguido el apoyo para ratificar a Trujillo en sus funciones hasta el 2000", aseguró Luis Macas, del partido indigenista Nuevo País-Pachakutik, la organización que propuso a Trujillo,
El problema será convencer al Defensor de que retire su dimisión. "Tengo mi vida propia, a mis clientes que me esperan, y sobre todo, tengo dignidad, que no se doblará ante ninguna tentación", declaró Trujillo, quien dio a su renuncia el carácter de irrevocable. (FIN/IPS/mg/ff/ip hd/97
