El gobierno de México rechazó la reducción de la pena contra el capo del narcotráfico Héctor "El Güero" Palma y pidió investigar al juez que pronunció el fallo.
En un comunicado difundido la semana pasada, la Procuraduría General de la República (ministerio de justicia) señaló que interpondrá una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal para que se sancione al juez Fernando López Merino.
El documento califica la actuación del magistrado como "irregular" y subraya la importancia de "dejar clara" la postura del ministerio ante la opinión pública.
En el pasado estas reducciones de penas de narcotraficantes, que incluso llegaban a motivar liberaciones anticipadas, pasaban casi inadvertidas ante la opinión pública, que habitualmente ni se enteraba, y no era causa de reacciones del Poder Ejecutivo.
Palma, a quien se atribuyó en numerosos medios periodísticos funciones de conducción en uno de los mayores cárteles mexicanos de la droga, fue señalado públicamente en repetidas ocasiones como responsable de narcotráfico y homicidios.
Ahora el juez López Merino, del central estado de Jalisco, donde operan importantes mafias de la droga, rebajó de seis a 2,5 años el castigo impuesto a "El Güero" Palma por el delito de posesión ilegal de armas.
El comunicado de la Procuraduría explicó que el detenido no puede recobrar su libertad en corto plazo, pese a que la pena de 2,5 años lo autorizaría a salir de la cárcel, debido a que enfrenta otros procesos penales.
Esas causas son por delitos contra la salud en sus modalidades de introducción, transporte y posesión de cocaína y marihuana, asociación delictuosa, acopio de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, robo, privación ilegal de la libertad, homicidio y usurpación de funciones públicas.
"El Güero" Palma fue señalado como capo del narcotráfico desde fines de los años 80 por el ex procurador Javier Coelho, pero se lo detuvo apenas el 22 de junio de 1995 debido a que se accidentó la avioneta en que viajaba con algunos de sus asistentes.
Cuando efectivos militares y de los cuerpos de seguridad fueron a socorrer al grupo del capo narco se encontraron con la sorpresa de que ahí estaba el hombre cuya captura no habían podido concretar durante años.
En una resolución que en su momento la Procuraduría calificó de "indignante" y apeló, otro juez de Jalisco, Armando Pérez Morales, lo había condenado en enero a seis años de prisión, ahora reducidos a 2,5.
La fiscalía acreditó desde un inicio que en casa del inculpado se hallaron drogas y armas de uso militar, y que Palma contaba con protección de elementos corruptos de la Policía Judicial, incluido su jefe local, Apolinar Pintor Aguilera.
El primer juez que intervino en la causa, Pérez Morales, absolvió a Palma de los delitos contra la salud y de las acusaciones por asociación delictuosa porque, según argumentó, el artículo que tipifica tal conducta había sido derogado.
En el comunicado de la PGR se subraya que el juez Pérez Morales inocentó al comandante Pintor Aguilera pese a que reconoció haber protegido al narcotraficante, debido a lo cual hoy está prófugo.
"El caso del Güero Palma ilustra un problema clave que afronta en México la lucha antidrogas: la complicidad, bajo presión de amenazas y muy bien pagada, de policías y jueces con los narcos", dijo a IPS la experta Carmen Garré, de la Universidad Anáhuac.
Garmendia citó las enormes cifras de drogas confiscadas por las autoridades y que se exhiben como prueba de su esfuerzo en la lucha contra el narcotráfco, pero las calificó de irrelevantes en comparación con los volúmenes que se colocan en los mercados.
Las estadísticas oficiales revelan que los cinco primeros meses del año en curso se decomisaron más de 18 toneladas de cocaína contra 8,5 toneladas en el mismo lapso del año anterior.
"La realidad es que caen gigantescos cargamentos e importantes capos del narco en medio de grandes despliegues informativos, pero el negocio de la droga sigue cada vez más floreciente", aseguró Garmendia. (FIN/IPS/emv/dg/ip/97
