El parlamento de Ecuador inició esta semana investigaciones sobre la presunta ayuda económica de narcotraficantes a partidos políticos.
El presidente del Congreso Franco Romero dijo que las investigaciones se fundamentan en un informe de la Policía Internacional (Interpol) y en denuncias sobre lavado de dinero en las campañas políticas que la Comisión de Narcotráfico del Congreso tiene en su poder en forma reservada.
"Es necesario que todos los partidos rindan sus cuentas para aclarar esta situación que alarma al país", dijo Romero, al considerar que en Ecuador puedan darse los mismos problemas que en otros países andinos, como Colombia, "donde el narcotráfico se ha infiltrado en la actividad política".
Según Interpol, las investigaciones sobre narcolavado en la política se realizan en forma constante en toda la región andina, con la cooperación de las instituciones policiales de cada país. El informe sobre Ecuador será entregado al parlamento y se mantendrá en reserva, indicó.
La Comisión de Narcotráfico del Congreso indagará a empresas privadas nacionales y extranjeras para saber cuáles de ellas han destinado recursos para financiar campañas políticas.
Para ello, la Superintendencia de Compañías, principal organismo de control empresarial, deberá proporcionar la información sobre la nacionalidad de los socios o accionistas de las empresas, así como el origen y el monto de los fondos de la conformación de cada entidad sujeta a investigación.
Las denuncias sobre la entrega de "narcodólares" a partidos políticos "son sumamente graves para el país", consideró Milton Alava, procurador general del Estado, quien dijo estar dispuesto a integrarse al proceso de investigación en caso de que el Congreso lo requiera.
"Debemos actuar con rapidez pues la imagen de Ecuador está en juego", señaló.
"Cada vez son más las denuncias que involucran a partidos políticos y funcionarios, y esto puede afectar a corto plazo nuestras relaciones internacionales en lo referente a la cooperación contra el narcotráfico y al flujo de capitales externos".
El fiscal general de la nación, Francisco Cucalón, presentó el mes pasado su renuncia ante el parlamento tras haber sido acusado de vínculos con el narcotráfico.
Según informes periodísticos, la embajada de Estados Unidos en Quito negó la visa a Cucalón por cconsiderar que había beneficiado a narcontraficantes mientras se desempeñaba como juez de la Corte Superior de la provincia de Guayas.
César Acosta, director del derechista Partido Social Cristiano, el de mayor presencia en el parlamento, sostuvo que Interpol "debería revelar sus investigaciones sobre supuestos vínculos del narcotráfico en la política para evitar elucubraciones".
"El informe debe ser concreto y con nombres, para poder actuar de inmediato y aplicar los correctivos necesarios, pues, de otra manera, sólo se provocará un estado de alarma", estimó.
"Son muchas las acusaciones y los rumores referentes a la narcopolítica, pero hasta ahora no hay nada concreto", dijo a IPS Miguel Lluco, diputado del partido indigenista Pachakutik.
"Cada denuncia, de donde provenga, debe estar bien fundamentada o caeremos en un caos que será difícil de remediar", agregó. (FIN/IPS/mg/dg/ip/97
