Organizaciones feministas de Panamá se mostraron satisfechas por la destitución del diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen) Emiliano Aguilar por acoso sexual.
Aguilar es el segundo alto responsable político cesado por el presidente Ernesto Pérez Balladares desde que asumió el cargo el 1 de septiembre de 1994.
El 30 de diciembre de ese año fue destituido el jefe de información del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, Antonio Graell, tras protagonizar un escándalo público con el esposo de una secretaria a quien acosó sexualmente.
La medida contra Aguilar fue tomada luego que una secretaria del Parlacen lo denunció ante la junta directiva de ese foro de integración regional basado en Guatemala por reiterados actos de acoso sexual.
Además de ello, el destituido habría abusado de otra mujer en Guatemala, según denunció el viernes el diario La Prensa de Panamá.
Los 20 diputados panameños ante el Parlacen son de libre nombramiento y remoción por parte del presidente, debido a que no existe un mecanismo legal para su elección popular.
Activistas femeninas consultadas por IPS mostraron su satisfacción "por la buena noticia".
Teresita Yañez, presidenta de la Fundación para la Promoción de la Mujer, señaló que "ya era hora" de que las autoridades comiencen a hacer cumplir disposiciones, reglamentos y leyes que castigan esa falta.
Para la dirigente del no gubernamental Centro de Capacitación Social (CCS) Marcelina Samaniego lo ocurrido muestra que "la sociedad está tomando consciencia de los derechos que tienen las personas a defender su dignidad".
Explicó que pese a que el acoso sexual está tipificado como una violación de los derechos humanos por la Organización de Estados Americanos (OEA) y de que hay sanciones para los estados miembros que no hagan respetar esos derechos "en la práctica es muy poco frecuente que se sancione a los acosadores".
Tras calificar como "correcta" la actitud del presidente Pérez Balladares de destituir a Aguilar, Samaniego dijo que la presión que ejercen las organizaciones de mujeres ha propiciado "que los gobiernos estén tomando una actitud distinta ante ese delito".
"En Panamá hay mucho acoso sexual, pero en la mayoría de los casos no se denuncia por miedo a perder el trabajo o porque las mujeres caen en la trampa y luego temen un escándalo" si dan a conocer el hecho, destacó.
Cuando el acoso proviene de un jerarca gubernamental constituye además "un grave acto de corrupción y de ejercicio ilegal de poder contra una trabajadora".
En el decreto de destitución de Graell el ministro de Trabajo y Bienestar Social, Mitchel Doens, calificó como "un acto de corrupción deleznable" la falta cometida.
El canciller de Guatemala Eduardo Stein afirmço el sábado último en Panamá que el caso de Aguilar "pone a prueba el sistema de inmunidad de que gozan los parlamentarios" de los seis países de la región asignados al Parlacen.
"Estamos justamente ante una de esas situaciones muy difíciles en la jurisprudencia de hoy", indicó Stein al aludir a la condición de parlamentario de Aguilar y al hecho de que los actos denunciados ocurrieron sin la presencia de testigos.
Aguilar, que rechazó los actos que se le imputan al ser entrevistado por un canal de televisión de Panamá, afirmó no comprender la actitud asumida por Pérez Balladares.
"Pérez Balladares habla de mucha justicia, pero a mí me destituyó sin siquiera escucharme y sin darme oportunidad de defenderme. ¿Qué clase se justicia es esa?", protestó el ex legislador, quien entre 1984 y 1989 fue diputado en el parlamento nacional por el opositor Partido Arnulfista. (FIN/IPS/sh/dg/ip-pr-hd/97
