Las leyes de Bangladesh tratan con rigor a niños y niñas, que desde los siete años deben asumir la responsabilidad penal, mientras que uno de 16 puede llegar a afrontar la pena de muerte.
Pero aún más inexorable es una ley no escrita que condena a desnutrición aguda a un tercio de la población infantil del país asiático, uno de los porcentajes más altos del mundo.
En total, 80 por ciento de los niños y niñas de Bangladesh sufren algún grado de malnutrición, precisó Gopalan Balagopal, funcionario del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) que trabaja en contacto con las autoridades del país.
En Bangladesh, además, el porcentaje de mujeres que mueren durante los períodos prenatal y postnatal también figura entre los más elevados del mundo.
Los niños que eluden embestidas institucionales y estructurales de ese tipo tienen que afrontar otras pruebas, como los castigos corporales en la familia y en las escuelas, la brutalidad de la policía, el abuso sexual y el tráfico internacional.
"La situación de la infancia en Bangladesh es realmente trágica", resumió a IPS un miembro del Comité sobre los Derechos del Niño, el organismo de las Naciones Unidas que sesiona en Ginebra hasta este viernes.
El Comité, encargado de vigilar la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en los países que la han ratificado, examinó en el presente período de sesiones el informe del gobierno de Bangladesh sobre la situación en ese país.
El miembro del Comité, que pidió reserva de su nombre, dijo que el cuerpo, integrado por expertos independientes, se mostró preocupado especialmente por los problemas de la desnutrición y del trabajo infantil.
Los acuerdos establecidos en Bangladesh con los industriales del vestido para la eliminación de la mano de obra infantil deben extenderse a otros sectores de la economía que se benefician del bajo costo de ese trabajo, explicó la fuente.
Del precio de 60 dólares de venta en Estados Unidos de una camisa confeccionada en Bangladesh, solo 10 centavos van al niño o la niña que la produce.
La solución que encontraron los industriales del vestido de Bangladesh fue el despido masivo de todos los niños empleados, con lo cual crearon un problema social aún más grave.
El entendimiento concertado prevé que los industriales seguirán pagando el salario hasta que los niños de ambos sexos puedan incorporarse a escuelas que los acogerán. En noviembre pasado, ya funcionaban 285 escuelas con 7.622 ex obreros menores de edad inscriptos.
El Comité sobre los Derechos del Niño demandó a las autoridades de Bangladesh que la experiencia de las escuelas para los infantes obreros de la rama del vestido se extienda a otras industrias de riesgo para la infancia.
Los abusos sexuales contra niños y niñas constituyeron otro motivo de inquietud para el Comité. El organismo no aceptó argumentos de que el gobierno carece de recursos para erradicar esas prácticas y tampoco el atenuante de que el problema es común a toda la región.
El Comité pidió a Bangladesh que aplique esfuerzos genuinos en su lucha contra el abuso sexual y recomendó que las acciones comiencen de inmediato.
Miembros del organismo advirtieron una transformación en la actitud del gobierno de Bangladesh ante la cuestión de los derechos del niño. María Sanderberg, experta de origen brasileño, precisó que el cambio se refleja en el tono diferente de los dos últimos informes presentados por Dacca.
Las autoridades explicaron que en la elaboración del segundo estudio se incorporaron aportes de organizaciones no gubernamentales y de expertos, de Bangladesh. "Por esa razón el documento parece más abierto", dijo un representante del gobierno.
Unicef estimó a su vez que el examen de la situación de Bangladesh en el Comité arroja resultados positivos.
Gopalan adelantó que la agencia de Naciones Unidas compartirá las recomendaciones del Comité, un documento de utilidad dentro y fuera del gobierno, que resultará enriquecedor para niños y niñas, dijo.
La delegación de Bangladesh aceptó la necesidad de revisar la edad establecida en las leyes para la responsabilidad penal. Una norma aún vigente establece que puede ser refutada la presunción de inocencia de todo niño entre siete y 12 años de edad.
Las autoridades también convinieron en promover la reforma de la ley que admite castigos como la pena capital y la prisión perpetua para menores desde 16 años. La Convención sobre Derechos del Niño determina que ninguna persona menor de 18 suede sufrir esa punición.
La violencia contra niños y niñas y la brutalidad policial se corregirán mediante la sensibilización de los agentes de la policía y de la justicia, de los abogados y de todas las personas en contacto con ellos.
Gopalan destacó la importancia de que todas las denuncias sobre abusos contra menores reciban amplia difusión en los medios de comunicación.
Con relación al tráfico de niños y niñas y al abuso sexual de menores, el gobierno de Bangladesh se propone crear un proyecto multilateral con participación de distintas áreas del Estado.
El proyecto contempla la asociación con grupos de mujeres, el acceso a créditos de la población de áreas rurales y la ayuda financiera para fortalecer la capacidad de las agencias gubernamentales y en especial de la policía y de los guardias fronterizos.
El plan de desarrollo anual prevé la repatriación de niños y niñas víctimas del tráfico internacional y su reintegración en la familia.
El funcionario de Unicef lamentó que "algunos temas que considerados importantes en Bangladesh no encontraron espacio para el análisis" durante la sesión del Comité.
Gopalan aludió a la desnutrición severa ("no hubo tiempo adecuado para discutir qué medidas pueden tomarse", precisó) y a la mortalidad maternal, para la cual propuso la creación de unidades de cuidados de partos especiales. (FIN/IPS/pc/dg/pr-hd/97
