El gobierno de Cuba estudia medidas para sancionar a quienes adquirieron viviendas ilegalmente, un delito común en los últimos años.
Granma, órgano oficial del gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC), reveló este martes que especialistas del Instituto Nacional de la Vivienda están estudiando cobrar elevadas cifras mensuales a los autores de ese delito, que deberán pagar un alquiler de por vida.
La Ley General de la Vivienda en Cuba contempla la compraventa de inmuebles siempre y cuando se haga previa autorización de la Dirección Provincial de la Vivienda, que tiene derecho a adquirir todsa finca en propiedad para el Estado.
Sin embargo, este tipo de transacción proliferó en los últimos años al margen de la ley y una casa en alguno de los principales barrios residenciales de La Habana llegó a cotizarse en unos 40.000 dólares o más.
Un relevamiento iniciado a inicios de abril detectó sólo en Guantánamo, una provincia con más de 509.000 habitantes situada a 971 kilómetros de La Habana, alrededor de 500 casos de compraventa ilegal de vivienda.
Según el experto Rodolfo Dávalos, una transacción de este tipo se tipifica como ilegal desde que se detecta la intención de obtener cuantiosas ganancias aprovechándose del déficit habitacional existente en la isla.
El de la vivienda es considerado uno de los principales problemas sociales no resueltos en la isla.
A inicio de la década del 60, el gobierno de Fidel Castro emprendió una política destinada a igualar el desarrollo social entre las regiones del país, lo cual propició una intensa construcción de viviendas en varias provincias y el descenso de las inversiones en la capital cubana.
Fuentes del Grupo para el Desarrollo Integral de La Habana indican que el aumento de la población, el ritmo de construcción deficitario y la falta de mantenimiento sistemático de las edificaciones hicieron crítico el problema de la vivienda en la capital.
Esteban Lazo, miembro del Buró Político del PCC, reveló que La Habana, una ciudad de 2,2 millones de habitantes sin contar la población flotante, tiene 627.000 inmuebles, de los cuales la mitad está en regular o mal estado.
El dirigente comunista calificó de "terrible" la situación de la vivienda en la capital, donde 53.000 casas "no tienen arreglo", 9.000 personas viven en albergues y 20.000 familias esperan nuevo alojamiento.
Una investigación realizada por la Academia de Ciencias de Cuba en 1989 en 300 viviendas ubicadas en cuatro conjuntos urbanos de La Habana, arrojó que 57 por ciento de las familias residen en viviendas que se encuentran por encima de los límites de ocupación establecidos.
Granma aseguró que la mayoría de las personas que acudieron a la compra ilegal de inmuebles y fueron detectadas por las autoridades han sido declaradas "arrendatarias de por vida", o sea que nunca tendrán la propiedad de ese techo.
El diario oficial indicó que las razones para actuar de esa forma han sido "desde las humanitarias, las materiales hasta el simple hecho de optar por la vía más fácil" para actuar contra la ilegalidad ya consumada.
Observadores estiman que el hecho de que el delito se vincule directamente a una gran necesidad social, como es el caso de la vivienda, hace más complicada para las autoridades cualquier medida contra los infractores.
Según la legislación vigente las autoridades competentes pueden proceder también a la extracción de las personas que ocupan la vivienda o a la reubicación en otra de inferiores condiciones.
Fuentes oficiales aseguran que entre las principales manifestaciones de indisciplina en esta esfera, además de la compraventa ilícita, figuran las construcciones sin previa autorización y el empleo inadecuado de inmuebles pertenecientes al Estado.
En Cuba hay alrededor de 200.000 inmuebles dependientes de organismos estatales. Una vez de entregados a trabajadores para su uso temporal se mantiene un insuficiente control sobre ellos.
La ofensiva oficial contra las irregularidades vinculadas a la vivienda cobró fuerza en abril y forma parte de un proceso más amplio emprendido contra la corrupción, la delincuencia, la prostitución y las migraciones internas descontroladas. (FIN/IPS/da/dg/pr/97
