La crisis carcelaria se agudizó hoy en Colombia, con protestas de reclusos en cinco ciudades y un motín que en la cárcel La Modelo de esta capital, que dejó al menos cuatro muertos y una veintena de heridos.
Los reclusos denuncian violaciones de los derechos humanos y la ineptutud de los directivos del Instituto Nacional Carcelario (INPEC) para solucionar los problemas que los afectan.
Un preso de la cárcel La Modelo que pidió anonimato, dijo a la emisora Radionet que los reclusos protestan por "el traslado de que han sido objeto varios compañeros sin justificación alguna" y el mal trato que reciben del personal de guardia.
Denunció también la demora de los directivos del INPEC para solucionar algunos problemas de primera necesidad para los internos y acusó a la guardia de haber disparado y masacrado a varios de ellos.
"Las exageradas condenas impuestas por los jueces encubiertos, el hacinamiento de los reclusos, la corrupción por parte del personal de guardia" han llevado a "las cárceles del país a la situación lamentable en que se encuentran", afirmó.
Las protestas se extendieron también a las cárceles de Armenia, Tunja e Ibagué, en el centro de Colombia, Barranquilla en el norte, y Quibdó, en el noroeste.
El director del INPEC, Rafael Lamo, afirmó que las protestas en estas ciudades se han realizado en forma pacífica por parte de los reclusos que piden solución a sus problemas.
La protesta es la segunda de esta magnitud en este año. En marzo, 2.800 reclusos de la cárcel La Picota de Bogotá se amotinaron para protestar por la situación de hacinamiento, las malas condiciones sanitarias y los abusos de que eran objeto.
En esa oportunidad, la Defensoría del Pueblo realizó una visita al penal en la que denunció que los detenidos estaban siendo tratados "peor que animales".
Según el defensor del pueblo, José Castro, las cárceles del país sólo tienen capacidad para 28.000 reclusos y actualmente la población casi triplica esa capacidad.
"Las celdas estan diseñadas para una sola persona y hay hasta seis detenidos en cada una y las condiciones sanitarias son infrahumanas, inenarrables y preocupantes", afirmó al resumir su visita a cárcel de La Picota en marzo.
Según los reclusos, la situación de hacinamiento es aprovechada por el personal de guardia, que cobra dinero por adjudicarles las celdas más cómodas, ir al baño y permitirles las visitas conyugales, autorizadas en el sistema penitenciario.
Tras el motín de este jueves, el presidente Ernesto Samper convocó un consejo de gobierno en el que se adoptaron medidas de emergencia, como el traslado de reclusos y la habilitación de varios centros para recibir los detenidos que se encuentran en situación de hacinamiento.
El motín coincidió también con el debate en el Congreso sobre la situación carcelaria, en el que se analiza una reforma que otorga carácter excarcelables a algunos delitos menores.
No obstante, para superar la crisis más que liberar a los reclusos en necesario permitir que los particulares construyan nuevas cárceles, señaló la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo), el principal centro de estudios del sector privado de Colombia.
Mauricio Cárdenas, director de Fedesarrollo, dijo que la criminalidad debe ser enfrentada con "una mayor capacidad de retener la población en las cárceles".
Además de la privatización de cárceles, Fedesarrollo postula un mayor presupuestos para el INPEC y señala que una verdadera "descongestión" carcelaria demanda inversiones de 200 millones de dólares. (FIN/IPS/yf/ag/ip-hd/97
