Tropas del gobierno de Zimbabwe asesinaron a 2.000 integrantes de la etnia ndebele en los años 80 y la masacre, ocultada entonces por el gobierno del presidente Robert Mugabe, solo se conoce ahora.
Las dos organizaciones de defensa de los derechos humanos que revelaron las atrocidades que sufrió la minoría étnica ndebele sostuvieron que resulta difícil pronosticar si esas heridas podrán cicatrizar algún día.
El informe sobre la campaña 1982-1987 contra los disidentes de las provincias de Matabeleland del Norte, Matabeleland del Sur y la región central fue coproducido por la Comisión Católica por la Justicia y la Paz en Zimbabwe y la Fundación de Recursos Legales.
Los ocho obispos católicos del país presentaron el informe en marzo de este año al presidente Robert Mugabe, pero no lo difundieron a la espera de una respuesta del gobierno.
Pero el documento fue publicado de forma parcial por el semanario sudafricano Mail and Guardian en su primera edición de este mes y también en su página en la red de computadoras mundial Internet.
Las organizaciones que elaboraron el informe lamentaron el día 5 la difusión del informe, que se basa en testimonios de más de 1.000 personas y describe cómo las fuerzas de seguridad, en especial la luego disuelta Quinta Brigada, aplastaron la insurrección.
El gobierno de Mugabe logró ocultar durante años las masacres supuestamente perpetradas por la Quinta Brigada, en las que murieron más de 2.000 personas de la minoría ndebele.
Poco después de la independencia de Zimbabwe, en 1980, Matabeleland se convirtió en el escenario de luchas entre dos grupos guerrilleros que habían peleado para poner fin al régimen de la minoría blanca.
Estos grupos eran el ZIPRA, brazo armado de la Unión Popular Africana de Zimbabwe (ZAPU), y el ZANLA, ala guerrillera del Frente Patriótico de la Unión Nacional Africana de Zimbabwe (ZANU- PF).
Según el informe, 106 instructores procedentes de Corea del Norte entrenaron desde agosto de 1981 al grupo que obedeció al mando del coronel Perence Shiri y que luego se conocería con el nombre de Quinta Brigada.
Esta fuerza de seguridad se componía en su mayoría de reclutas del ZANLA, hablantes de la lengua shona, y su objetivo fue entonces aplastar una campaña insurgente de desestabilización desarrollada por ex miembros del ZIPRA que recibieron el respaldo de Sudáfrica.
Los shona representan cerca de 75 por ciento de la población de Zimbabwe, mientras los ndebeles, que constituyen el grueso de las fuerzas del ZIPRA, son 15 por ciento de los habitantes del país.
A pocas semanas de ser movilizada, a fines de enero de 1983, la Quinta Brigada fue responsable de asesinatos masivos, golpizas e incendios de propiedades en áreas comunales de Matableleland del Norte, donde vivían cientos de miles de simpatizantes de la ZAPU, según el informe.
En seis semanas, "más de 2.000 civiles habían muerto, cientos de viviendas habían sido incendiadas y miles de civiles apaleados. La mayoría de los muertos fueron exterminados en ejecuciones públicas de entre una y 12 personas por vez", agregó.
Hasta ahora, el informe fue mencionado en Zimbabwe solo por el semanario Standard, de propiedad privada y escasa circulación, por lo que no se produjeron reacciones públicas.
De todos modos, el profesor de derecho y activista de derechos humanos Welshman Ncube dijo que la antigua dirigencia de la ZAPU está indignada por la difusión del informe, pues "que agrega tensiones innecesarias a la unidad" del país.
Además, los integrantes del ZANU "también se molestarán, porque quedará al descubierto su papel en las masacres", dijo Ncube.
El acuerdo de unidad que puso fin a las hostilidades en 1987 dispuso que la ZAPU de Joshua Nkomo se sumó al gobierno encabezado por la ZANU-PF de Mugabe. Nkomo se convirtió en uno de los dos vicepresidentes.
"Las atrocidades cometidas por la Organización Central de Inteligencia (CIO) y miembros del ejército son alarmantes", dijo Ncube a IPS.
El activista recordó que "quienes cometieron los asesinatos en masa y otras atrocidades todavía ocupan altos cargos en el ejército y la policía".
El cooronel Shiri aún integra el ejército y ha sido promovido, afirmó Ncube.
"La verdad debe ser registrada para que las víctimas puedan perdonar y para que los responsables sean juzgados y no conserven los puestos que tienen en el ejército y la policía", dijo.
La administración de Mugabe no reaccionó ante la difusión del informe, pero debería haberlo hecho, según Reginald Matcjaba-Hove, presidente de la organización de derechos humanos ZimRightes.
"El gobierno debe disculparse por las atrocidades que ocurrieron y conceder compensaciones de una u otra forma", dijo Matcjaba-Hove. (FIN/IPS/tra-en/lm/kb/ml-lp/pr-hd/97
