El presidente de Venezuela, Rafael Caldera, suspendió un viaje que debía efectuar hoy al estado andino de Táchira, suroeste fronterizo con Colombia, luego que la legislatura regional convocó a un paro cívico en la misma fecha.
El paro de actividades laborales, administrativas y comerciales fue convocado por la legislatura, con una votación de 16-3, "para exigirle al presidente solución inmediata a los problemas de salud, vialidad e inseguridad" en la región.
Los problemas de salud se tornan recurrentes en Venezuela, que en las últimas semanas de 1996 y primeras de 1997 vivió una huelga de 28.000 médicos que paralizaron incluso salas de partos, emergencias y terapia intensiva en demanda de mejoras salariales y dotación de insumos y equipos a los hospitales.
También la vialidad es un dolor de cabeza al cabo de tres lustros de crisis económica que ha desplomado la construcción y mantenimiento de infraestructura.
Pero el problema que más angustia a los actores económicos en el Táchira -una provincia agrícola y comercial de 11.000 kilómetros cuadrados y un millón de habitantes- es la ola de secuestros y cobros de "vacuna" que emparentan su cotidianidad a la que se vive al otro lado de la línea fronteriza.
En los últimos años han aumentado los secuestros de ganaderos – muchos residen en Táchira aunque sus haciendas se encuentren en provincias vecinas- y la acción de grupos irregulares, bandoleros o de la guerrilla colombiana, que cobran una "vacuna" o impuesto para financiar sus actividades.
Por su ubicación, Táchira fue siempre vía de paso para el contrabando, pero en las dos últimas décadas creció el tráfico de narcóticos y de precursores químicos para la elaboración de drogas, a través de su frontera con Colombia.
En ese clima, diputados opositores en la legislatura acordaron hace dos días preparar un pliego de demandas al gobierno central y promover un paro cívico para cuando este jueves el presidente -un socialcristiano independiente de 81 años- arribase a Táchira.
Caldera debía acudir a un foro sobre "El municipio y la gestión social", organizado por el Ministerio de la Familia con 73 alcaldes de los cinco estados del suroeste andino y llanero.
Pero en vista de la convocatoria al paro cívico "el presidente suspendió su asistencia", explicó el ministro de la Familia, Carlos Altimari, mientras legisladores radicales de la región proponían llevar a Caldera el pliego de pedidos y, si éste lo rechaza, declararlo "persona non grata". (FIN/IPS/jm/jc/ip/97
