La resuelta crisis de los rehenes en Lima aún afecta las relaciones de Perú con Uruguay, cuya justicia descartó la extradición, solicitada por aquel país, de dos supuestos integrantes del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA).
El embajador de Uruguay en Perú, Tabaré Bocalandro, fue uno de los primeros rehenes liberados por los guerrilleros del MRTA que ocuparon la residencia del embajador de Japón en Lima desde el 17 de diciembre hasta el 22 de abril, cuando fueron muertos por las fuerzas de seguridad.
Un tribunal de apelaciones de Uruguay se pronunció el 24 de diciembre contra la extradición de Luis Miguel Samaniego y Silvia Gora, presuntos integrantes del MRTA. La entrega de los dos sospechosos había sido pedida no sólo por Perú, sino también por Bolivia.
Como resultado de esa decisión judicial, Miguel Samaniego y Gora quedaron en libertad y, desde entonces, gestionan sin éxito el asilo en otro país a través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
Horas después del fallo del tribunal de apelaciones uruguayo, el MRTA permitió la salida de Bocalandro de la residencia diplomática ocupada en Lima.
Tras los hechos, Perú retiró a su embajador en Uuguay y aún no ha decidido la fecha de su regreso.
Autoridades peruanas insinuaron que Uruguay habría pactado con el MRTA un canje de prisioneros, pero el gobierno uruguayo rechazó esa interpretación, y la Asociación de Magistrados de este país defendió la independencia de los jueces en sus decisiones.
El presidente uruguayo Julio Sanguinetti felicitó a su colega peruano Alberto Fujimori por el desenlace de la crisis de los rehenes en Lima. Pero Uruguay tampoco designó nuevo embajador en Perú, y al frente de ambas representaciones se encuentran los encargados de negocios.
Así mismo, el nombre de Uruguay fue quitado a una escuela primaria de Lima, de la que también se retiró un busto del prócer uruguayo José Artigas. La información, conocida esta semana, provocó una fuerte reacción política en Montevideo.
El canciller uruguayo Alvaro Ramos calificó el hecho de "espina" en las relaciones entre ambos países y dijo que hará llegar a Perú la procupación del gobierno de Sanguinetti.
Mientras, en Bolivia, el juez de Instrucción penal Alberto Costa Obregón cuestionó con severidad la decisión de la justicia uruguaya de liberar a Miguel Samaniego y a Gora y consideró la posibilidad de presentar a Uruguay una nueva solicitud de extradición.
Gora aun vive en Montevideo, en una casa de retiro de la comunidad salesiana, con el respaldo del Servicio Ecuménico de Derechos Humanos. Pero Miguel Samaniego, que también había permanecido en esta capital, desapareció el 30 de abril de los lugares que frecuentaba.
Dos días antes, Costa Obregón lo había procesado en ausencia por secuestro y otros delitos, según informó el propio juez boliviano al semanario uruguayo Búsqueda.
El procesamiento de Miguel Samaniego está vinculado con el secuestro en Bolivia de Samuel Doria Medina, candidato a la vicepresidencia por el Movimiento de Izquierda Revolucionario, cuya lista para las elecciones del 1 de junio está encabezada por el ex presidente Jaime Paz Zamora.
Costa Obregón recordó a Búsqueda que el año pasado había pedido la extradición del peruano, rechazada "lastimosamente" por Uruguay.
Ahora, los delitos tipificados son graves, y Miguel Samaniego debería permanecer en prisión mientras se desarrolla el juicio. Costa Obregón cursó orden de captura del presunto guerrillero y podría pedir nuevamente su extradición, según dijo.
El 23 de diciembre, un día antes del fallo judicial que puso en libertad a Gora y Miguel Samaniego, Sanguinetti había comentado a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia su preocupación por la demora del tribunal de apelaciones en pronunciarse acerca de los pedidos de extradición.
Pero luego, ante la fuerte reacción peruana, Sanguinetti advirtió que "Uruguay no es una democracia formal, sino efectiva y real", donde la separación de poderes funciona "a cabalidad" y "no (sólo) en la teoría".
Mientras, el diputado José Bayardi, del izquierdista Frente Amplio, interpretó la retirada del nombre de Uruguay y del busto de José Artigas de la escuela de Lima como "belicisita" y reivindicó la "independencia del Poder Judicial", al recordar la controvertida decisión del tribunal de apelaciones.
Guillermo Stirling, diputado del gobernante Partido Colorado, reclamó "aclarar este hecho político del gobierno peruano" que es "un agravio para Uruguay".
El encargado de negocios de Perú en Montevideo, Efraín Saavedera, intentó aplacar los ánimos, al señalar que el cambio de nombre de la escuela y la remoción del busto "no fue un acto político", sino una decisión adminitrativa.
El diplomático aseguró que otro instituto de enseñanza llevará el nombre de Uruguay. (FIN/IPS/rr/ff/ip/97
