La creación de etiquetas especiales y códigos de conducta por parte de algunas corporaciones y grupos de consumidores no protege los derechos de los trabajadores ni ofrece garantía de cumplimiento, según expertos en relaciones laborales.
Aunque esas iniciativas son bien intencionadas, no existe un sistema para controlar que las grandes corporaciones respeten los derechos de los trabajadores, opinó Michel Hansenne, director general de la Organización Internacional del Trabajo.
Hansenne se encuentra en Washington para promover su idea de una "etiqueta social global" que se colocaría sobre aquellos artículos cuya producción cumple con las normas laborales, incluyendo la prohibición del trabajo forzado e infantil, la libertad de asociación y la negociación colectiva.
Las iniciativas son coherentes con los propios objetivos de la OIT, pero "plantean varias dudas", por ejemplo "si un sistema de autoaplicación ofrece todas las garantías que uno podría esperar", dijo Hansenne.
Además, las medidas protegen sólo a los trabajadores de industrias de exportación, que en muchos países en desarrollo constituyen una pequeña proporción, destacó este miércoles ante un foro del Congreso.
Mientras las campañas populares se concentran en la explotación laboral, el trabajo infantil y forzado y los accidentes ambientales, algunas corporaciones y grupos de ciudadanos proponen sus propias normas laborales y ambientales.
El asunto alcanzó cierta urgencia con la expansión del libre comercio internacional. Sin una adecuada aplicación de las normas, las corporaciones transnacionales, algunas de las cuales tienen ganancias anuales superiores al producto interno bruto de muchos países, aplastarán los derechos de los trabajadores, advierten los analistas.
En uno de los últimos esfuerzos por codificar las normas, un grupo de trabajo formado por la Casa Blanca el año pasado tras una serie de escándalos sobre las condiciones de trabajo en plantas de compañías estadounidenses en el extranjero produjo un código voluntario de conducta para proteger los derechos de los trabajadores de esas fábricas.
Cuando se publicó el acuerdo entre las principales industrias estadounidenses de la vestimenta y grupos de derechos humanos, consumidores y trabajadores, el mes pasado, el presidente Bill Clinton dijo que mejoraría la situación de millones de trabajadores en todo el mundo.
El acuerdo exige a las compañías participantes pagar al menos el salario mínimo local, respetar las leyes sobre trabajo infantil y fijar un límite semanal de 60 horas de trabajo.
Así mismo, prevé la creación de una nueva asociación para aplicar el código y aprobar agencias independientes que controlen su cumplimiento.
Un estudio publicado el año último por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos advirtió que los códigos de conducta de las corporaciones no ponen fin por sí mismos a la explotación laboral de los niños.
"Actualmente la industria privada reconoce que puede tomar medidas para garantizar que los niños no sean privados de su niñez, pero los códigos no son una panacea", advirtió el secretario de Trabajo, Robert Reich, tras la publicación del estudio.
Los sindicalistas sostienen que las corporaciones no aplicarán estrictamente los códigos a menos que los consumidores ejerzan una mayor presión, porque los ejecutivos se guían más por el temor a la publicidad adversa que por su conciencia social.
"El verdadero desafío no consiste en la definición de normas laborales, sino en cómo aplicarlas", afirmó Jonathan Hiatt, consejero de la principal federación sindical de Estados Unidos, la AFL-CIO.
La propuesta de una etiqueta social global será presentada formalmente en junio durante la conferencia anual de los 174 estados miembros de la OIT.
La reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio, realizada en diciembre en Singapur, designó a la OIT como "la organización competente para tratar estos asuntos", pero los vínculos entre comercio y trabajo en ese encuentro causaron división entre los países.
Hansenne señaló que el sistema que él propone permitiría a un país aplicar la etiqueta social a todos los bienes que produce, siempre que acepte las obligaciones inherentes a la convención de la OIT e inspecciones sin aviso de agencias independientes de control. (FIN/IPS/tra-en/yjc/jl/ml/lb/97
