Tras permanecer en las penumbras durante más de 170 años de historia republicana, 528 comunidades indígenas de Bolivia salen a la luz al obtener personería jurídica, un reconocimiento que busca corregir desequilibrios entre las áreas urbana y rural.
Se trata de uno de los resultados de la Ley de Participación Popular, que otorga poder económico a las regiones a través de la organización municipal, promulgada hace tres años en el contexto de las reformas del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
"Con la personería jurídica vamos a hacer muchas cosas, como exigir que se nos tome en cuenta en los planes y en los municipios, como dice la norma que, a veces, no se aplica bien con los indígenas", asegura Amalio Siyé Ramos, presidente de la Confederación de Pueblos Indigenas del Oriente.
La personería jurídica comprende el registro del nombre, lugar, forma de organización, número de habitantes y otras característica de una determinada comunidad indígena, y la convierte en sujeto de acciones legales, como la gestión de créditos.
Este reconocimiento de derechos de los grupos étnicos a través de la Participación Popular es una respuesta a las demandas presentadas por los indígenas en los últimos años.
Sesenta por ciento de la población boliviana es de origen indígena. Sólo en el medio rural del Oriente, Chaco y Amazonia habitan 33 pueblos aborígenes, con más de 150.000 personas, según la Subsecretaría de Asuntos Etnicos.
El gobierno otorgó entre 1994 y 1997 la personería jurídica a 11.585 grupos, entre organizaciones populares y barriales y comunidades campesinas.
Del total, 528 corresponden a poblaciones aborígenes, de acuerdo con información del proyecto gubernamental Apoyo a los Pueblos Indígenas.
Pese a la voluntad política de acelerar el proceso de reconocimiento de derechos de los indígenas, persisten dificultades, debido a la publicación de las leyes en idioma castellano y a la falta de acceso de los beneficiarios a los medios de comunicación.
Así mismo, algunos sectores obstaculizan la plena participación de los indígenas, según advirtieron funcionarios de la Subsecretaría de Asuntos Enticos.
Por su impacto social, la Participación Popular es considerada la reforma estrella del gobierno de Sánchez de Lozada, que concluirá su mandato el 6 de agosto. El programa implica la redistribución directa de los recursos del Estado entre las regiones, en función de la cantidad de habitantes de cada una.
Todos los partidos políticos que intervienen en la campaña para las elecciones del 1 de junio aseguraron que no sólo respetarán el programa de Participación Popular sino que incluso lo profundizarán, con la asignación a su desarrollo de un porcentaje aun mayor de recursos económicos.
El proceso boliviano de Participación Popular fue estudiado esta semana en Caracas, en un seminario internacional auspiciado por la Organización de Estados Americanos, que lo presentó como modelo de descentralización. (FIN/IPS/jcr/ff/pr/97
