El escándalo de la compra de votos parlamentarios, que jaquea al gobierno de Brasil desde la semana pasada, amplió hoy el misterio sobre quienes son la fuente de las explosivas denuncias.
La diputada Celia Mendes, señalada junto con su marido, Narciso Mendes, como autora de las grabaciones telefónicas que desataron la crisis, negó cualquier participación en el episodio.
Las grabaciones revelan que los diputados Ronivon Santiago y Joao Maia dijeron en diálogo telefónico con un misterioso "señor X" haber recibido 200.000 reales (190.000 dólares) cada uno para votar en favor de la enmienda constitucional que permite la reelección presidencial.
Las conversaciones fueron divulgadas la semana pasada por el diario Folha de Sao Paulo, apuntando Amazonino Mendes y Orleir Cameli, gobernadores de los norteños estados de Amazonas y Acre respectivamente, como autores de la compra de votos. Otros tres diputados habrían recibido dinero.
Pero también el ministro de Comunicación, Sergio Motta, una especie de "locomotora" política del gobierno y amigo personal del presidente Fernando Henrique Cardoso, aparece involucrado. El diputado Santiago lo señala como fuente inicial del dinero pagado por el gobernador de Amazonas.
El ministro negó cualquier participación en el caso y anunció que demandará judicialmente a los diputados que mencionan su nombre.
El gobernador Amazonino Mendes, quien este lunes habló por primera vez sobre el tema, también negó las denuncias y puso en duda la autenticidad de las grabaciones, atribuyéndolas a intrigas de sus enemigos políticos.
Para evitar que el escándalo retarde votaciones de proyectos que considera vitales, como las reformas administrativa y tributaria, el gobierno trata de impedir que la oposición de izquierda logre el respaldo necesario para instalar una Comisión Parlamentaria de Investigación para el asunto.
Pero la sucesión de escándalos amenaza paralizar al gobierno, especialmente ahora que llegó a uno de los principales colaboradores de Cardoso y afecta directamente la credibilidad de un gobierno que siempre afirmó rechazar el "fisiologismo", es decir el canje de favores por votos, y la corrupción.
Desde 1995, cuando tomó posesión, el gobierno de Cardoso enfrentó sospechas de irregularidades en el proyecto de 1.400 millones de dólares para instalar un Sistema de Vigilancia Aérea en la Amazonia y en el aporte multimillonario para salvar bancos en quiebra.
La utilización de "votos comprados" para que Cardoso pueda disputar la reelección el próximo año fue denunciado el mes pasado por la Conferencia Episcopal Católica, en un borrador que sirvió de base al debate en la reunión anual de los obispos.
El gobierno protestó y los obispos ablandaron sus críticas en el documento final. Pero ahora las grabaciones telefónicas parecen comprobar la denuncia.
Para aprobar cada enmienda constitucional el oficialismo necesitaba 308 votos o 60 por ciento de los votos en la Cámara de Diputados. Obtuvo 336 en la votación de enero, pero tuvo que movilizar ministros y hasta al propio presidente para convencer parlamentarios indecisos.
El "señor X" afirmó, vía Folha de Sao Paulo este domingo, que posee muchas cintas más con grabaciones de conversaciones de parlamentarios, pero no las divulgará porque las difundidas "son suficientes para comprobar la corrupción en torno de la enmienda de la reelección".
Y aseguró que es ridículo creer que sólo cinco diputados vendieron sus votos. Son muchos más, porque ese tipo de negocio político se hace no sólo en el estado de Acre, sino en todo el país, afirmó. (FIN/IPS/mo/ag/ip/97
