El presidente del Congreso de Perú, Victor Joy Way, pidió hoy a la prensa no avivar el tema de las tensiones con Ecuador tras la captura y posterior devolución de siete soldados de ese país el martes último.
Los militares ecuatorianos fueron capturados en territorio peruano y devueltos dos días después a Quito.
Joy Way modificó su exposición del miércoles, cuando comentó que la incursión de la patrulla ecuatoriana era una agresion promovida por sectores militares y civiles "extremistas" de Ecuador y advirtió que podrian esperarse a plazo breve otros incidentes aún más graves.
"Se trata de una provocación destinada a perturbar las conversaciones de paz que se desarrollan en este momento en Brasilia y forma parte de un plan para endurecer las relaciones peruano-ecuatorianas y ganar adeptos para las posturas revanchistas en el referéndum en preparación en Ecuador", agregó.
Horas después, el canciller encargado Jorge González Izquierdo rectificó discretamente al presidente del Congreso y marcó la pauta que sigue en este momento Perú con su vecino del norte, país con el que mantiene una controversia limítrofe que ha provocado varias guerras, la última en 1995.
Esa pauta se refleja también en la rápida devolución de los siete soldados ecuatorianos, sorprendidos cuando sembraban minas en un sendero selvático en territorio de Perú, a seis kilómetros al sur de la línea fronteriza.
Los partidos de oposición trató de aprovechar el incidente para acusar al gobierno de Fujimori de debilidad "por no protestar con energía ante la incursión militar" pero Izquierdo les pidió que "piensen como peruanos y no en los intereses políticos internos"
" La incursión de la patrulla ecuatoriana es un hecho anecdótico y no debemos dejar que interfiera en las conversaciones de paz que se llevan a cabo en Brasilia, en las que participan también los cuatro países garantes del Protocolo de Rio de Janeiro", comento el canciller interino.
Ese protocolo, suscrito en 1942 tras una guerra ganada por Perú, es el tratado que marca la línea fronteriza entre ambos países, que desde 1950 a 1995 sucesivos gobiernos ecuatorianos impugnaban aludiendo a imperfecciones en su nomenclatura geográfica.
Según sostenían, el texto fijaba una línea fronteriza basada en referencias geográficas erróneas y por consiguiente era nulo por inaplicable.
Perú opinaba que esos errores habían sido resueltos por el fallo del árbitro brasileño Dias de Aguiar al que ambos paises recurrieron en 1945, de modo que el Protocolo era un documento intangible y definitivo.
En 1981 y 1995 Perú y Ecuador libraron dos guerras focalizadas que los pusieron al borde de un conflicto bélico de mayor envergadura.
El desconocimiento ecuatoriano del tratado cesó en 1995, aparentemente como consecuencia de la presión de los cuatro países garantes del Protocolo (Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos), que en la última guerra intervinieron decididamente y lograron un alto del fuego y la separación de fuerzas.
Desde entonces, la controversia limítrofe se desarrolla en un nuevo marco diplomático basado en el texto del Protocolo de Rio de Janeiro, que supuestamente debe conducir a su perfeccionamiento jurídico cuando se resuelvan los llamados "impasses subsistentes".
Según se desprende de declaraciones de Luis Enaudi, asesor del gobierno estadounidense en temas latinoamericanos, los países garantes creen que, mediante concesiones recíprocas en aspectos geográficos de menor cuantia, ambas partes podrían estabilizar definitivamente su línea fronteriza.
Las negociaciones sobre los "impasses subsistentes" que se desarrollan en Brasilia han comenzado por los puntos de menor importancia, discrepancias de interpretación de las pautas geográficas de un documento elaborado cuando no existían los instrumentos de precisión que ahora podrían utilizarse.
Uno de esos "impasses" menores que se discutirá en Brasilia es el referente a la zona de los ríos Lagartococha la guerra de 1995.
La oposición al presidente Alberto Fujimori sostuvo que haber aceptado negociar "impasses subsistentes" era un error diplomático, pues Peru debió mantenerse en su postura inicial de declarar al tratado fr navegable hasta el río Amazonas a través de un corredor geográfico soberano, pero las Fuerzas Armadas peruanas rechazan tal demanda y sus colegas ecuatorianos no quieren renunciar a ella.
En consecuencia, para tener éxito en sus propósitos de resolver por la vía política la controversia limítrofe, los garantes deberán efectuar sobre los dos países una presión diplomática tan intensa como la que permitió detener la guerra de 1995.
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