El presidente de Perú Alberto Fujimori será un anfitrión incómodo cuando a partir de este domingo se celebre en su país la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El tema central de la agenda de la Asamblea es la cooperación interamericana contra la corrupción política, pero recientes y antiguas circunstancias locales probablemente desplazarán el foco de la reunión hacia la cuestión de los derechos humanos, un asunto crítico en Perú.
Uno de los temas originalmente secundario, el perfeccionamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para adecuarlo a las exigencias del nuevo contexto democrático internacional, se podría convertir en el más candente, cuando se analicen las denuncias contra el gobierno de Fujimori.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA recibió días atrás el anuncio, formulado por todos los partidos de oposición, de que la administración de Fujimori preparaba un duro golpe contra la legalidad constitucional, pues se proponía destituir a tres de los miembros del Tribunal de Garantías.
Los magistrados fueron destituidos esta semana, en el primer juicio político realizado por el Congreso desde que se aprobó en 1993 la actual Constitución, por haber emitido una sentencia que declara inaplicable una ley especial para abrir paso a la segunda reelección de Fujimori.
La oposición acusa al gobierno de tratar de imponer la segunda reelección consecutiva, que la Constitución prohibe, destruyendo la legalidad democrática.
El Tribunal fue constituido en 1996 y su función es proteger a los ciudadanos e instituciones de leyes y medidas anticonstitucionales.
Pero, según la ley que le dio origen, necesita seis votos para dictaminar la inconstitucionalidad de una ley o medida, de modo que ahora, con sólo cuatro miembros, no podrá ejercer esa función.
Pero antes de que se produjera ese incidente ya existía en la OEA un clima adverso al gobierno de Fujimori por denuncias sobre la situación de los derechos humanos en Perú.
El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el que figuran las denuncias contra este país no fue comunicado previamente al gobierno, como se acostumbra, aparentemente para evitar que la administración de Fujimori anticipe públicamente la discusión.
La representante peruana ante la OEA, Beatriz Ramacciotti, protestó por esta infracción a la práctica de informar previamente a los píises aludidos, "omisión grave porque no da tiempo de elaborar argumentos de descargo y es una descortesía hacia el país anfitrión", según dijo.
"El informe de la OEA está parcializado en contra del Estado peruano, porque muestra preferencia especial en favor de los terroristas, a los que denomina grupos políticos armados en guerra", agregó.
Sostuvo que esa parcialización de la Comisión se manifiesta al expresar preocupación por las condiciones de prisión de los militantes de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru.
"Los terroristas presos tienen regímenes de cárcel similares a los presos comunes. Entenderíamos que la Comisión de la OEA expresara un real interés humanitario si se preocupara por todos los presos y no sólo por los subversivos enemigos de la paz y la tranquilidad del país", comentó.
En el informe de la Comisión de la OEA figurarían denuncias contra la actuación en Perú de tribunales constituidos por jueces enmascarados y la suspensión de las garantías constitucionales en las zonas de emergencia.
Estas criticadas medidas fueron adoptadas en el curso de la guerra contrainsurgente, y según los activistas de derechos humanos son innecesarias porque las dos organizaciones guerrilleras han sido declaradas derrotadas por el gobierno.
En el tema de la lucha contra la corrupción política, en la reunión de Lima se tratará de aprobar un programa de cooperación para poner en práctica el acuerdo adoptado el 29 de marzo de 1996 en Caracas, Venezuela.
Ese pacto creó la Convención Interamericana contra la Corrupción, que está en vigencia porque ya fue ratificada por más de dos estados miembros y se espera que todos los demás, o casi todos, depositen en Lima los instrumentos de ratificación respectivos.
Según la convención, los países que suscriban el pacto tipificarán como delito el incremento del patrimonio de los funcionarios públicos con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones.
También se discutirán normas referentes a la fabricación y tráfico ilícito de armas y mecanismos de cooperación contra el narcotráfico y el lavado de dinero. (FIN/IPS/al/dg/ip/97
