Una ola de detenciones de activistas en vísperas de las elecciones de mediados de junio en Papúa-Nueva Guinea puso a prueba las credenciales democráticas del gobierno.
A comienzos de este mes la policía registró las oficinas de tres destacadas organizaciones no gubernamentales (ONG) del país y confiscó sus archivos, ordenadores y otros equipos.
Los líderes de estos grupos fueron acusados de realizar asambleas ilegales para conducir en marzo protestas callejeras contra el gobierno, ante la contratación de mercenarios de Sudáfrica por la empresa británica Sanline International, para acallar la rebelión separatista en la isla Bougainville.
Bougainville está situada a 800 kilómetros de Port Moresby, y contiene uno de los yacimientos de cobre más grandes del mundo.
Las protestas lograron la cancelación de un contrato de 34 millones de dólares con Sandline, y la renuncia del primer ministro Julius Cha, su vice Chris Haiveta y el ministro de Defensa, Mathias Ijape.
Las tres organizaciones atacadas son el Foro de Derechos Comunitarios e Individuales (ICRAF), el Fondo de Desarrollo Humano Integral (PNG Trust) y el Consejo de Supervisión (PNGWC).
Las ONG se sumaron al relevado comandante militar Jerry Singirok para liderar protestas populares contra el contrato.
El papel calve de las ONG en las acciones que condujeron a la caída del viejo gobierno subrayó lo que muchos consideran su función como oposición de facto al gobierno, en lugar de un parlamento débil. Las redadas a las ONG, dicen analistas, son un intento por silenciar esta oposición.
Powes Parkop, director de ICRAF y uno de los detenidos, dijo que "el parlamento es utilizado por el gobierno como su sello. No hubo mucha oposición en el cuerpo. Por eso las ONG asumieron un lugar destacado".
Jonathan O'ata, secretario general de PNGWC, también detenido, dijo que las ONG sospechan que los miembros del parlamento reciban comisiones ilegales a cambio del silencio.
Las ONG denunciaron casos de corrupción en el sector forestal, incluyendo comisiones ilegales de empresas extranjeras para obtener permisos de tala en el país.
Las organizaciones también protestaron por el impacto negativo de la política de ajuste estructural del Banco Mundial, mientras no hubo oposición en el parlamento cuando el gobierno ingresó en un acuerdo con la institución en 1994, dijo Parkop.
Desde la detención de los activistas, ahora en libertad bajo fianza, varias voces se alzaron para demandar el procesamiento de tres altos funcionarios del gobierno que se retiraron tras el acuerdo con Sandline.
En una carta al diario "Post Courier", el secretario general del Congreso de Uniones Sindicales, John Paska, dijo que las redadas de la policía plantean una mayor amenaza a la democracia que los hechos de la crisis de Sandline.
El Consejo de Iglesias apeló al primer ministro en funciones John Giheno para que retirara los cargos contra los tres activistas, alegando que las demostraciones ante el acuerdo con los mercenarios fueron una demostración práctica de democracia.
Pero el jefe de policía, Robert Nenta, afirma que su cuerpo sólo busca cumplir la ley y no la determina, por lo cual el retiro de los cargos sólo puede tener lugar en las cortes.
Las ONG enfrentan ahora acusaciones judiciales por su papel en las protestas, y el corte de los fondos que el gobierno solía canalizar a través de ellas para ejecutar proyectos de donantes internacionales.
En una carta al director de la oficina nacional de planeamiento, el secretario del primer ministro, Noel Levi, confirmó que el jefe de gobierno ordenó el congelamiento de los pagos.
En la carta, de la cual IPS obtuvo una copia, Levi dijo que "no es de interés del gobierno financiar la operación en organismos que se dan vuelta y causan problemas. El gobierno no debe financiar las operaciones de grupos de activistas".
Las ONG aguardan con esperanza el resultado de las próximas elecciones, aunque las coaliciones son la norma en Papúa-Nueva Guinea, y un nuevo gobierno incluiría de todos modos elementos del viejo. (FIN/IPS/tra-en/ks/js/lp/ip-hd/97
