Una serie de conflictos sindicales, entre ellos una huelga estallada el martes en una compañía cementera privatizada, amenaza la estabilidad social en Panamá y el plan de reforma de la economía iniciado hace tres años.
Los 400 trabajadores de la compañía Cemento Bayano, vendida por el Estado a inversionistas mexicanos en agosto de 1994, optaron por la huelga al fracasar los intentos por suscribir una convención colectiva de trabajo por la vía de la negociación.
El secretario general del sindicato, Douglas Franco, declaró que los representantes patronales "están reacios a negociar cláusulas salariales y sociales aduciendo una crisis económica, pero nosotros sabemos que eso no es cierto".
Los obreros demandan un aumento de 0,18 centavos de dólar sobre el salario promedio de 2,25 dólares por hora que ganan actualmente, informó Franco.
Durante los dos años posteriores a la compra de la antigua compañía cementera estatal, los nuevos propietarios estuvieron exonerados de la obligación de la convención colectiva con sus obreros y de pagar el impuesto a la renta y derechos de importación de equipos y materia prima.
Franco aseguró que la alegada mala situación económica de la empresa "no ha sido demostrada en la mesa de negociaciones" y consideró "un acto de intransigencia" la negativa de los empresarios a otorgar aumento de salarios y otros beneficios.
Ramón Balid, asistente de la gerencia de Cemento Bayano, negó la supuesta intransigencia de la empresa que, según dijo, desde el comienzo de las negociaciones, hace dos meses, "ha estado dispuesta a resolver el pliego (de demandas) presentado".
Pero también puntualizó que la caída de las ventas de 30.000 a 26.000 sacos de cemento, ocurrida en los últimos meses por la disminución de las inversiones en el sector de la construcción, impide a la empresa aceptar todas las aspiraciones de los sindicalistas, por razones de índole económica.
La huelga, que privará a la industria de la construcción de una produccíon diaria de 30.000 sacos de cemento de 46 kilos, es una consecuencia de la mala relación existente entre los obreros y la empresa desde el mismo momento en que ésta fue privatizada en 1994.
Pese a acuerdos existentes para mantener en su puesto a los antiguos trabajadores, la nueva administración despidió a alrededor de 50 por ciento de los 300 obreros que se desempeñaban en Cemento Bayano cuando fue privatizada, según afirmó el sindicato a fines de 1994.
La experiencia sufrida por los trabajadores de Bayano es esgrimida actualmente por los sindicatos de otras compañías estatales que el gobierno planea privatizar para reclamar una serie de garantías y cláusulas económicas especiales, para proteger sus intereses.
A la crisis en Cemento Bayano se le suma una situación de conflicto de 6.000 obreros de fincas de la transnacional estadounidense Chiquita Brands en la occidental provincia de Chiriquí, en el litoral Pacífico y cerca de la frontera con Costa Rica.
El secretario de relaciones laborales del Sindicato de Trabajadores de Chiriquí Land Company (Chiquita Brands), José Berroa, afirmó que los 6.000 afiliados a la organización facultaron a los dirigentes "a paralizar todas las fincas" si no se logra un aumento de salarios.
Además de las casi 4.000 hectáreas de bananales de Chiriquí, Chiquita Brands cuenta con otras 6.500 hectáreas en la occidental provincia de Bocas del Toro, donde emplea a otros 7.000 asalariados.
A esas explotaciones se agregan 3.000 hectáreas de bananales regenteadas por finqueros nacionales que abastecen a Chiquita Brands con 30 por ciento de los 38.000 millones de cajas de banano exportadas anualmente
Las exportaciones de banano dejan anualmente al país cerca de 200 millones de dólares, sobre un total de ventas del país de 560 millones.
Las huelgas en el sector bananero históricamente han tenido consecuencias devastadoras para la economía de Chiriquí y Bocas del Toro.
También crece el malestar entre los maestros desde febrero, cuando el gobierno eliminó por ley el régimen de jubilaciones especiales del sector y de las enfermeras, los bomberos y otros funcionarios públicos.
El sistema de jubilaciones especiales beneficiaba a 70.000 personas, y los 35.000 profesores y maestros de la enseñanza pública primaria y secundaria han realizado varias manifestaciones y actos de protesta contra la para que sea derogada la ley que lo suprime.
En tanto, 20 asociaciones de empleados estatales agrupados en la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep) amenazó esta semana con iniciar actos de protestas si el gobierno no les paga alrededor de 100 millones de dólares en prestaciones que les adeudada desde 1987. (FIN/IPS/sh/ff/lb/97
