Las tensiones entre los distintos servicios de seguridad de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y sus violaciones a los derechos humanos preocupan por igual a legisladores y activistas de los derechos humanos.
Algunos grupos sostienen que el caos reinante en las fuerzas policiales y militares beneficia al presidente de la ANP, Yasser Arafat, quien se sentiría amenazado por quienes actúan fuera de su esfera de poder.
Doce servicios de seguridad, algunos con jurisdicciones superpuestas, operan en Gaza y Cisjordania y compiten por la atención y el apoyo de Arafat.
Al menos cuatro fuerzas son responsables por la "seguridad interna", lo que a menudo conduce a la detención múltiple de un sospechoso por un mismo delito.
Abundan los incidentes en que sospechosos custodiados por una fuerza de seguridad son secuestrados para ser interrogados por integrantes de otros servicios. Con frecuencia, los familiares no saben dónde están detenidos los prisioneros.
En una ocasión, miembros de la Inteligencia Especial Palestina, conocidos como "mujabarat", dispararon contra un auto en el que se trasladaba una pareja de recién casados mientras perseguían a un sospechoso.
Testigos afirman que nadie resultó herido pero el novio, miembro de la Seguridad Preventiva Palestina, reunió a sus amigos y se enfrentó a sus atacantes en una pelea descomunal, sin armas, que duró hasta altas horas de la noche.
La refriega no resiste comparación con un tiroteo anterior, en que miembros del mujabarat, actuando por venganza personal, acribillaron por error un auto que transportaba a la familia Kashem, que se dirigía a celebrar una fiesta musulmana. Una mujer, madre de ocho niños, resultó muerta.
"La magnitud de los abusos es peor de lo que pensábamos", dijo Shawqi Issa, abogado de la Sociedad para la Protección de los Derechos Humanos y el Ambiente, una organización de Jerusalén que recoge datos sobre violaciones a los derechos humanos en Israel y el territorio de la ANP.
"No hay respeto por el imperio de la ley. Los servicios de seguridad destruyeron nuestra sociedad civil", afirmó Hosam Khader, legislador independiente con gran respaldo popular por el papel que tuvo en la intifada, el levantamiento contra el poder israelí que duró siete años.
Muchos legisladores culpan a individuos dentro de los servicios de seguridad por actuar sin autorización, como en el caso de la familia Kashem, mientras otros apuntan a la falta de experiencia o a las dificultades que padece la joven sociedad palestina.
El parlamento, con un año de existencia, aún tiene que ratificar la Constitución y sólo aprobó una ley electoral. No existen leyes que definan el papel que debe cumplir cada servicio de seguridad.
"Somos nuevos todavía", expresó el parlamentario Jamal al Hindi.
Ciertos legisladores sostienen que el problema radica en la ANP, que ignora el intento del parlamento de dominar a los servicios de seguridad y las resoluciones que le ordenan controlar los abusos policiales.
Los más osados acusan al propio Arafat. A principios de año, un juez del pueblo de Ramallah, en Cisjordania, ordenó la liberación de 10 estudiantes de la universidad Bir Zeit, detenidos sin cargo. En lugar de ejecutar la orden, el presidente palestino despidió al magistrado.
En otro caso, Arafat puso en libertad al vicegobernador de Nablus, detenido luego de ordenar la prisión del empresario palestino Yousef al Baba, debido a una disputa territorial con miembros de la inteligencia militar. Al Baba murió por las torturas recibidas mientras estaba detenido.
Ziad Abu Amr, legislador de Gaza, sostuvo que los incidentes fueron responsabilidad de Arafat. "Es su culpa porque es la máxima autoridad del país", dijo.
Los palestinos no esperan que haya un cambio repentino en los métodos de gobierno de Arafat, dado que, luego de décadas de encabezar la Organización para la Liberación de Palestina, el líder está habituado a dar órdenes y se siente amenazado por quienes actúan fuera de su esfera de poder.
El pasado 20 de mayo, el periodista Daoud Kuttab fue citado a la estación de policía de Ramallah tras quejarse ante la prensa extranjera de lo que sospechaba era una interferencia de la ANP de sus transmisiones en vivo de las sesiones del Parlamento. Kuttab continúa detenido sin acusación.
Las transmisiones en vivo, canceladas voluntariamente por la emisora de televisión educativa Al Quds hace dos días, eran el único acceso que tenía el público al funcionamiento del gobierno en una cultura en que la autocensura de la prensa continúa siendo la norma.
La presión del parlamento y de grupos de derechos humanos logró una investigación limitada de las actividades de la policía.
No obstante, para la familia Kashem y los palestinos comunes en general, el gobierno que tienen no es aquél por el que la mayoría luchó contra los israelíes.
Pasaron cinco días para que la policía visitara a la familia Kashem luego del ataque que sufriera su auto por miembros de los mujabarat. "A los líderes no les interesa. Piensan que la gente no tiene importancia", manifestó Raed Kashem, hermano de la víctima.
Quizá deba pasar mucho tiempo antes de que las cosas cambien. Por el momento, Arafat se beneficia de la estructura caótica de los servicios de seguridad, según el abogado Issa.
"De esta manera, todos dependen de él. Si hay un problema, sólo Arafat lo puede resolver", concluyó. (FIN/IPS/tra-en/dho/rj/aq-ml/ip-hd/97
