El gobierno de Nigeria adoptó nuevas medidas para descongestionar las cárceles del país, que según abogados y activistas de los derechos humanos albergan a demasiados reclusos que no recibieron sentencia.
Las autoridades anunciaron la construcción de nuevos edificios para tribunales judiciales cerca de la tres prisiones de máxima seguridad de Lagos, donde se aloja 10 por ciento de los 57.000 presos de todo el país.
Samuel Ilori, principal juez del estado de Lagos, señaló que la ubicación de las cortes cerca de las prisiones aliviará el problema del transporte de los reclusos y también el de la ausencia de detectives policiales en los juicios.
Además, el horario de funcionamiento de las cortes se ampliará cuatro horas y media.
La creación de los tribunales coincide con nuevas directivas del presidente de facto Sani Abacha a los administradores militares de los 36 estados con el fin de descongestionar las 148 instituciones correccionales del país.
Pero los defensores de los derechos humanos advierten que aún queda mucho más por hacer.
"Es sorprendente que el sistema judicial todavía funcione. No ha sido reformado en 100 años", destacó el abogado Olisa Agbakoba, ex presidente de la Organización de Libertades Civiles.
Agbakoba, cuya organización ha estado a la vanguardia de la defensa de los derechos de los prisioneros en espera de condena, destacó que la demora de los juicios tiene un alto costo para todas las partes involucradas.
"Hay casos que demoran 10 años", señaló Agbakoba. "Si para cobrar una deuda de 600 dólares, por ejemplo, el demandante debe pasar por una década de trámites judiciales, ni le vale la pena molestarse", observó.
Un reciente informe del periódico The Guardian indicó que la orden del gobierno de descongestionar las cárceles fue impartida mediante un memorando escrito por Ismaila Gwarzo, asesor de seguridad nacional.
Gwarzo señaló que la congestión de las prisiones de Nigeria, donde hay unos 35.700 internos en espera de juicio, es un tema de preocupación para los defensores de los derechos humanos, informó The Guardian.
El asesor recomendó el reestablecimiento de comisiones estatutarias de justicia penal en los estados y solicitó un informe trimestral sobre el estado de las prisiones, que deberá ser enviado a la presidencia.
Las comisiones especiales estarían integradas por el principal juez estadual, el fiscal general, el comisionado de justicia, directores de prisiones, jueces de la Corte Suprema, magistrados y funcionarios policiales.
La falta de fondos limita la capacidad de las autoridades de elaborar programas bien estructurados para atacar la actual crisis del sistema carcelario, señaló Ibrahim Jarma, director general del Servicio de Prisiones de Nigeria.
El congestionamiento también disminuye la seguridad de las cárceles, donde los disturbios se han vuelto más frecuentes, señaló Jarma.
El último motín se produjo el 6 de mayo en Abeokuta, 80 kilómetros al norte de Lagos, donde 11 detenidos en espera de juicio dominaron a los tres guardias desarmados que se hallaban de turno.
Sin embargo, el problema de la sobrepoblación de las cárceles tiene que ver más con la policía que con la justicia, opinó una fiscal general entrevistada en Lagos, que solicitó reserva.
La policía prefiere mantener a los sospechosos bajo custodia sin someterlos a la justicia, sostuvo la fiscal, aunque según la ley, los detenidos deben ser llevados ante un juez en un plazo de 24 horas.
"Muchas personas permanecen bajo custodia policial durante meses y hasta años, y cuando finalmente reciben sentencia, descubren que pasaron en la cárcel más tiempo del que les correspondía", señaló.
La fiscal destacó la necesidad de nuevas cortes para juzgar a los numerosos detenidos en espera de juicio.
"Los nuevos tribunales deberán estar bien equipados, y además debería ser obligatorio emitir sentencia en un plazo breve. Los magistrados no deben realizar aplazamientos innecesarios", opinó. (FIN/IPS/tra-en/ro/pm/ml/hd/97
