La organización ambientalista mundial Greenpeace inició en el norte del territorio mexicano una campaña para proteger la zona de reproducción de la ballena gris, amenazada por un gigantesco proyecto salitrero con capital japonés.
El primer paso de esta movilización en curso consistió en instalar un "plantón" ante el palacio de gobierno del estado de Baja California Sur, ubicado en la ciudad de La Paz.
Allí Greenpeace y tripulantes del buque ecologista Rainbow Warrior inflaron este domingo una ballena de hule, de 16 metros de largo y cinco de alto, y desplegaron una manta con la leyenda: "Alto a la Salinera de la Laguna de San Ignacio, reserva protegida".
La entidad internacional denunció que el proyecto de explotación de sal impulsado por la firma japonesa Mitsubishi y el estado mexicano pondría en peligro un área natural protegida donde anualmente emigra la ballena gris para reproducirse.
Mitsubishi tiene 49 por ciento de las acciones de la compañía Exportadora de Sal Sociedad Anónima (ESSA), a cargo del proyecto, y el gobierno mexicano controla el 51 por ciento restante.
Greenpeace denunció "presiones indebidas" de la empresa y el Estado sobre las organizaciones ambientalistas y la sociedad civil para imponer la explotación de 52.800 hectáreas en los salitrales localizados en la orilla de la Laguna de San Ignacio.
Monique Mitastein, directora de Greenpeace México, explicó que "el proyecto no cumple con los fines de protección para los cuales fueron establecidas sucesivamente, desde 1972, las distintas categorías de áreas protegidas".
Señaló que "en particular afectará las áreas de reproducción y cría de la ballena gris, el berrendo (otro tipo de cetáceo) y las aves migratorias y residentes, a la vez que destruirá parte del atractivo turístico del lugar".
Las autoridades comerciales mexicanas sostienen en cambio que el proyecto salitrero, con ciertos cambios, puede cumplir las normas mínimas de protección ambiental y posee un enorme interés desde el punto de vista del desarrollo económico.
Sin embargo, la tramitación está detenida debido a que el sector gubernamental mexicano encargado de la protección ecológica aún no ha dado los permisos correspondientes.
En su prolongado recorrido migratorio la ballena gris se dirige al sur desde las regiones oceánicas boreales a fin de encontrar espacios no alterados para realizar su reproducción.
Cada año los cetáceos arriban a tres lagunas localizadas en la costa occidental del estado mexicano de Baja California Sur: Ojo de Liebre, San Ignacio y Bahía Magdalena.
Tanto la laguna de Ojo de Liebre como la de San Ignacio se encuentran protegidas desde hace 25 años por una serie de decretos debido a la presencia de las ballenas y de miles de aves migratorias o residentes, además de su atractivo turístico.
En 1988 se creó la Reserva de la Biósfera de El Vizcaíno, dentro de la cual se encuentran ambas lagunas y las objetadas concesiones mineras para explotación de sal.
La Laguna de San Ignacio, además, está considerada por la institución ambientalista internacional North American Wetlands Council como un humedal prioritario que requiere una protección especial.
En julio de 1994 ESSA presentó de acuerdo con la ley su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), que ante la protesta de diversos sectores, basada en argumentos ecológicos, fue rechazada en 1995 por las autoridades mexicanas.
A fines de 1996, la empresa recibió los llamados "términos de referencia" para elaborar una nueva MIA.
ESSA explota desde 1957 una concesión minera en la laguna Ojo de Liebre, que produce unos siete millones de toneladas al año para la industria química japonesa.
De la sal se obtiene cloro, que se utiliza en la producción de plásticos, blanqueadores para pulpa y papel, plaguicidas y otros productos.
Según Mitastein, el proyecto de Laguna San Ignacio pone en duda la voluntad del gobierno mexicano de cumplir con los compromisos contraídos internacionalmente para proteger la ballena gris, los humedales y los lugares marcados como patrimonio de la humanidad.
"Se están violando los requisitos legales que deben cumplir los proyectos productivos que se pueden llevar a cabo en una reserva de la biósfera", dijo a IPS.
"El proyecto no es para las poblaciones que allí viven, ni se pretende realizar con su participación; por el contrario, afectará negativamente su acceso a los recursos naturales y su calidad de vida", añadió.
La dirigente de Greenpeace subrayó que "es absurdo destruir manglares que son áreas de reproducción y crecimiento de diversas especies marinas, campos pesqueros de alto valor ecológico y económico y ecosistemas únicos como los salitrales".
El ingeniero forestal y ambientalista Hugo Galletti señaló que el hecho de que el proyecto esté aún en discusión, cuando son evidentes sus graves impactos, resulta significativo.
"Muestra las dificultades que enfrenta el Ministerio de Medio Ambiente para actuar con imparcialidad contra los intereses del de Comercio", aseguró. (FIN/IPS/emv/dg/en/97
