El arresto del ex fiscal especial mexicano Pablo Chapa en Madrid y el comienzo del proceso para su extradición a este país, que podría durar seis meses, reabrió escandalosos casos de homicidio y corrupción.
Chapa está acusado de sobornar a testigos y de "sembrar" una osamenta en una propiedad de Raúl Salinas, hermano del ex presidente Carlos Salinas (1988-1994), a fin de inculparlo de asesinato con falsas pruebas.
Junto al ex procurador general (ministro de Justicia) Antonio Lozano, Chapas tuvo a su cargo la investigación del asesinato durante la administración de Carlos Salinas de tres personalidades públicas.
Se trata del caso del arzobispo de Guadalajara, Juan Posadas, muerto en mayo de 1993, del candidato presidencial oficialista Luis Colosio, en marzo de 1994, y del secretario general del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Francisco Ruiz Massieu, en septiembre de 1994.
Chapa y Lozano detuvieron en febrero de 1995 a Raúl Salinas, acusándolo de autor intelectual del asesinato de Ruiz Massieu. La detención de su hermano determinó a Carlos Salinas a exiliarse, y el ex presidente reside ahora en Irlanda.
El ex fiscal está acusado de "asociación delictuosa, informes falsos a una autoridad distinta a la judicial, violación a las leyes sobre inhumaciones y exhumaciones, posible enriquecimiento ilícito y uso indebido de atribuciones y facultades".
Mientras, Lozano, dirigente del derechista Partido Acción Nacional (PAN), fue hasta fines del año pasado el único miembro del gabinete ministerial perteneciente a una fuerza opositora.
Chapa, prófugo de la justicia mexicana desde el 8 de febrero, se había refugiado en casa de parientes en la localidad de Villanueva del Pardillo, cerca de Madrid.
La orden de captura fue librada tras comprobarse que los restos humanos hallados en la finca de Raúl Salinas no pertenecían al jefe de la conspiración criminal contra Ruiz Massieu, el diputado oficialista Manuel Muñoz, y que habían sido enterrados para servir de prueba.
La fiscalía afirmaba entonces que el hermano del ex presidente había asesinado también a Muñoz, que está desaparecido, para evitar que éste lo denunciara por la muerte de Ruiz Massieu, cuñado de los Salinas.
Lozano pidió un "procedimiento justo" para Chapa y se quejó de "las injustas acusaciones del presidente Ernesto Zedillo" contra su propia actuación como procurador general de Justicia.
Dijo que el mandatario lanzó una campaña de desprestigio en su contra "por motivos evidentemente políticos", en tácita alusión a las elecciones legislativas, provinciales y municipales del 6 de julio.
Sobre Lozano pesa una averiguación de la procuraduría por presunto desvío de recursos, además de una investigación administrativa de la secretaría (ministerio) de la Contraloría y Desarrollo Administrativo.
También el presidente del PAN, Felipe Calderón, exigió que "se respeten los derechos humanos de Chapa", y lamentó que éste no se haya pusiera en su momento a disposición de las autoridades para demostrar su inocencia.
El actual procurador de Justicia, Jorge Madrazo, declaró que la detención de Chapa "es en favor de la verdad" y que también se investiga la conducta de su antecesor, Lozano.
El centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), segunda fuerza opositora en el Congreso, tras el PAN, consideró que la detención de Chapa presenta al gobierno la oportunidad de demostrar voluntad de "investigar a fondo" los asesinatos.
El PRD pidió a España que cumpla los acuerdos de extradición firmados con México y advirtió que no deben perderse de vista las relaciones de Chapa con los más altos niveles del Poder Ejecutivo.
Por último, el PRD señaló que el hecho "no debe ser utilizado con fines electorales".
Por su parte, senadores del PRI exigieron "que el proceso judicial contra el ex fiscal se realice estrictamente apegado y conforme a derecho, evitando su politización y su manipulación proselitista".
Mientras, Eduardo Luengo, abogado de Raúl Salinas, dijo que "poco a poco, prueba tras prueba", queda en claro "que no existe un solo cargo" que acredite la responsabilidad de su defendido.
Dada la habitual lentitud de los procesos de extradición, se cree que el juicio a Chapa en México sólo podrá comenzar con posterioridad a los comicios de julio. (FIN/IPS/emv/ff/ip/97
