Los casi 3.000 indígenas que llegaron a la capital de Honduras en reclamo de justicia y tierras retornaron hoy a sus territorios al suscribir un acuerdo con el gobierno.
El convenio consiste en la entrega a corto plazo de 2.000 hectáreas de tierras y luego de otras 5.000. El gobierno se comprometió igualmente a promulgar una Ley Indígena para protegerlos y a iniciar una investigación sobre el asesinato de dos dirigentes nativos ocurridos en abril.
El cumplimiento de los acuerdos será supervisado por una comisión de garantes integrada por miembros de organizaciones humanitarias y delegados de la Iglesia Católica.
Los representantes nativos habían sido desalojados este lunes de las inmediaciones de la Casa de Gobierno y del Palacio de Justicia, donde estaban acampados desde la semana pasada, y aceptaron retornar a la mesa de negociaciones tras la salida de la misma, el martes, del ministro de Cultura Rodolfo Fasquelle.
Fasquelle había pedido que los indígenas fueran expulsados de los alrededores de los organismos oficiales por "cuestiones estéticas" y por su "olor a pobreza".
Los primeros en recibir tierras (un total de 500 hectáreas) serán los chortis, una comunidad del occidental departamento de Copán descendiente de los mayas.
A ella pertenecían los dos dirigentes indígenas asesinados el mes pasado por presuntos matones a sueldo de terratenientes.
Las comunidades nativas pedían que se les concediera 20.000 hectáreas pero el gobierno se negó por una supuesta imposibilidad económica.
Para la elaboración de la Ley Indígena, los nativos serán consultados, indicó el ministro de Agricultura Ricardo Arias.
Antes de la firma del acuerdo, organizaciones humanitarias habían anunciado el envío de una carta a la Universidad Americana de Washington para que no entregara al presidente hondureño Carlos Reina el título de doctor Honoris Causa que prevé concederle a fines de mes.
"Sectores dañinos están manipulando a estas buenas gentes (los indígenas) para desprestigiar la imagen de mi administración", señaló Reina, que será premiado por su contribución a la lucha por los derechos humanos en las dos últimas décadas.
Entre los 600.000 indígenas se concentra la población de menores ingresos de Honduras. (FIN/IPS/tm/dg/ip-pr/97