La ex guerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) solicitó a la Misión de Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA) que inicie una investigación para establecer si ex insurgentes tienen vinculación con invasiones a fincas, como lo expresaron funcionarios de gobierno.
El dirigente de la URNG Arnoldo Noriega dijo que las acusaciones, formuladas por el viceministro de Gobernación (Interior) Salvador Gándar y el presidente de la Cámara del Agro, Humberto Pretti, "no tienen ningún fundamento".
"Siempre hemos dicho que la guerrilla estaba infiltrada en la toma de fincas, y ahora queda evidenciado, porque ellos fueron los que, con fusiles M-16 y AR-15, atacaron a las fuerzas de seguridad que llegaron a cumplir con una orden de desalojo en la finca El Tablero", dijo Pretti.
"Como ocurre en otras 15 fincas ocupadas -aseguró Pretti-, los campesinos han dicho que cuentan con el apoyo de la URNG para invadir las fincas, y que, por lo tanto, los protegen para que no los desalojen".
Gándara afirmó a su vez que las personas que salieron al encuentro de la Policía en la finca El Tablero el martes vestían uniformes usados por la ex guerrilla.
El jefe de la Fuerza de Reacción Inmediata de la Policía, César Lone, dijo que el desalojo de las fincas El Tablero y Australia, que duró dos días, recordó "la guerra civil", ya que hombres vestidos de verde olivo y armados con fusiles de asalto y el rostro pintado atacaron a las fuerzas de seguridad.
"De puro milagro no lamentamos bajas, porque fuimos víctimas de un ataque con todo tipo de armamento" aseguró.
Sin embargo, campesinos denunciaron el jueves que fueron 600 policías antimotines quienes entraron disparando contra los campesinos indefensos, para luego quemar casas y matar a sus animales.
El ex líder guerrillero Pedro Palma Lau, conocido como "Comandante Pancho", calificópor su lado de "gran irresponsabilidad" inculpar a la URNG en estos hechos.
"Los responsables de las ocupaciones son las condiciones deplorables que existen en el campo para la mayoría de los guatemaltecos", señaló.
Cuando la ley respalde y escuche a los campesinos pobres las medidas de hecho irán disminuyendo, "pero en Guatemala secularmente la ley ha servido a los poderosos y castigado a los pobres".
Una partida de 2,5 millones de dólares fue aprobada esta semana por el parlamento para comenzar a levantar un catastro y un registro de todas las tierras, en aplicación de los acuerdos de paz del 29 de diciembre.
El arzobispo metropolitano, Próspero Penados, consideró que los campesinos podrían estar siendo manipulados por "invasores profesionales", porque es sospechoso que mucha gente vaya de un lugar a otro, invadiendo tierras o provocando que la gente se instale en lugares inadecuados.
La Coordinadora Nacional Indígena y Campesina decidió a su vez reunirse con el Procurador General de la Nación, Acisclo Valladares, para buscar su mediación en el tema de las invasiones y desalojos de fincas en el departamento de San Marcos. (FIN/IPS/cz/dg/ip-pr/97
