La Comisión Institucional para el Desarrollo y Fortalecimiento de la Propiedad de la Tierra inició actividades esta semana en Guatemala, en el marco de los acuerdos de paz firmados en diciembre entre el gobierno y la guerrilla.
Raquel Zelaya, secretaria de la Paz y miembro de la Comisión, dijo el martes en el acto de inauguración en el palacio de gobierno que la misma debe atender temas como la inversión en infraestructura rural, fondo de tierras, sistema de registro y catastro, e impuesto único sobre inmuebles.
También debe ocuparse del sistema de información geográfica nacional y la asistencia legal, así como de la resolución de conflictos sobre la tierra.
En el área rural es necesaria una estrategia integral que facilite el acceso de los campesinos a otros recursos productivos que brinden seguridad jurídica y que favorezca la resolución de conflictos, dijo Zelaya.
El ministro de Agricultura, Mariano Ventura, coordinador de la Comisión, dijo que la solución de los conflictos de tierras van a estar basados, fundamentalmente, en el cumplimiento de las leyes vigentes en el país.
El presidente de la conservadora Cámara del Agro, Humberto Pretti, afirmó que unas 40 fincas se encuentran invadidas en todo el país por parte de campesinos que reclaman tierras y confió en que las ideas que salgan de esta Comisión sean lo suficientemente creativas como para ponerle fin al conflicto.
Rosario Pu, dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC), expresó su confianza en que las actividades del nuevo ente se encaminen a cumplir con los acuerdos de paz, ya que "sólo con esa visión, la problemática agraria tendrá una salida benéfica para todos los sectores".
Por su parte, la ex guerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) exhortó a la Comisión a privilegiar "la desjudicialización de los conflictos por medio de arbitrajes" y pidió el apoyo de los empresarios del agro, así como asistencia financiera guubernamental.
Arnoldo Noriega, integrante de la URNG, difiere con la posición del Ministro de Agricultura y el presidente de la Cámara del Agro, y señaló que los acuerdos de paz fijan la necesidad de encontrar vías alternas a la solución de conflictos.
Agregó que este mecanismo no contraviene la ley vigente, porque "la ley establece las posibilidades de un arbitraje, figura jurídica que aún no se ha usado y que debe impulsarse como un inicio para la distensión dentro del agro".
Juan Tiney, dirigente de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC), responsable de la mayor parte de ocupaciones de tierras, dijo a IPS que esperaba que esta Comisión pueda dar algunas soluciones a los conflictos y velar por los intereses de la gran mayoría.
Tiney sostuvo que la Comisión, en la que no están representadas las organizaciones campesinas, deberá ser imparcial, porque si el objetivo es mantener el esquema excluyente vigente hasta ahora, el conflicto agrario dará lugar a un estallido social.
El dirigente indígena manifestó que la Conic asumió un compromiso unilateral desde la firma de la paz, el 29 de diciembre, no llevando a cabo ocupaciones de tierras y puntualizó que lo que existen son conflictos laborales en diferentes fincas, porque los patronos no cumplen con lo que les corresponde en cuanto a salarios y prestaciones.
Tiney agregó que le están dando una tregua al gobierno para que cumpla con los acuerdos de paz, sin embargo "del 29 de diciembre a la fecha han sido asesinados cuatro dirigentes de Conic", afirmó.
Responsabilizó del hecho a las fuerzas de seguridad y a los terratenientes, aunque estos traten de hacerlo pasar "por acciones de delincuentes comunes".
El dirigente campesino aseguró que si no se toman medidas urgentes para solucionar la problemática del agro, el gobierno será el responsable de un estallido social. (FIN/IPS/cz/ag/ip/97
