José María Aznar, un hombre sereno y ajeno al prototipo de dirigente carismático, cumplirá el próximo lunes un año al frente del gobierno de España con varios triunfos en su haber, aunque todavía debe enfrentar grandes desafíos.
Aznar venció en las elecciones generales de 1996, pero el estrecho margen de votos logrado lo obligó a negociar el apoyo parlamentario de los nacionalistas moderados del País Vasco y Cataluña.
Muchos de sus adverarios políticos, especialmente los socialistas, vaticinaron entonces que su gestión sería breve, inestable y conflictiva.
El líder del conservador aceptó dejar de lado sus declaraciones "españolistas" y pactar la ampliación de competencias de los gobiernos regionales, sobre todo en temas fiscales, para obtener el respaldo político de los nacionalistas vascos y catalanes.
Con ese pacto cosechó dos frutos. Por un lado, demostró que la ausencia de espectacularidad pública contrastaba con una casi inagotable capacidad de negociación y consenso, aplicada al caso de la competencia de las autoridades regionales, uno de los temas más conflictivos de la historia española.
Y por otro, logró la mayoría parlamentaria necesaria para implementar medidas econicas que pusieron a España entre los países europeos de menor inflación y mayor crecimiento y estabilidad.
Incluso el ex jefe de la oposicioón socialista, Felipe González, reconoce esos logros, aunque también afirma que se deben a las realizaciones de su gobierno (1982-1996).
Un factor totalmente ajeno a la voluntad de Aznar y de González beneficia al actual presidente del gobierno: tras varios años de una sequía que obliga a fuertes restricciones en el consumo de agua, llovió de manera abundante.
Los embalses, que en 1995 registraron sus cotas más bajas, llegaron en 1997 a las más altas de su historia y eso, en un país con un fuerte sector agroganadero, repercutió positivamente en la economía.
En abril, cerca ya del primer aniversario del gobierno de Aznar, se concretó otro de los objetivos de la administración centroderechista: las organizaciones empresariales y las centrales sindicales sellaron un pacto para la reforma del mercado laboral, con la bendición del ministro de Trabajo, Javier Arenas, y el objetivo de combatir el desempleo.
Se trata del mismo pacto que en los 10 años anteriores no logró el gobierno socialista, fuertemente enfrentado a los sindicatos, incluyendo a la Unión General de Trabajadores, vinculada desde su origen al Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Estos aspectos positivos no logran esconder la subsistencia de tres grandes problemas, heredados pero evidentes: la violencia en el País Vasco y el alto desempleo general, y el desequilibrio generado por la indefinición de los juicios por corrupción y por la "guerra sucia" contra la organización separatista ETA en la época socialista.
ETA ha sufrido duros golpes en los últimos 12 meses, pero su capacidad para cometer atentados se mantiene y, más aun, ha logrado movilizar en las calles del País Vasco a centenares de adolescentes y jóvenes que cotidianamente se manifiestan con inusitada violencia.
El desempleo ha disminuido, pero de una manera insuficiente. Según el Instituto Nacional de Empleo (Inem), la cantidad de personas ocupadas aumentó en los últimos 12 meses de 12,3 millones a 12,56 millones, y el número de desempleados se redujo de 3.535.000 a 3.474.000.
De acuerdo con el informe del Inem, que considera las personas que se inscriben como aspirantes a un empleo, la desocupación es levemente superior a 13 por ciento. Pero la también oficial Encuesta de Población Activa eleva el desempleo por encima de 20 por ciento.
La más dura crítica recibida por Aznar desde sus propias filas y de quienes lo apoyan, como el director del diario El Mundo, Pedro J. Ramírez, se debe a su negativa, el 2 de agosto de 1996, a levantar el secreto sobre unos documentos de los servicios de información.
Esos documentos, pedidos por los jueces para juzgar casos de la "guerra sucia" contra los separatistas vascos, lanzada desde el Ministerio del Interior cuando gobernaba el PSOE, fueron entregados por Aznar sólo en abril, obligado por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia.
La explicación del jefe del gobierno de su negativa de agosto de 1996 fue que quería mirar adelante y no atrás. Eso, según Ramírez, significa dejar sin cumplir la promesa centrista y liberal de regeneración democrática. "La limpieza sin olor a venganza no ha convencido", dijo el periodista.
Quizás ese incumplimiento, unido a una guerra sin cuartel entre los medios de comunicación que lo apoyan y los que lo atacan, entre ellos el influyente El País, explique que los éxitos económicos, de política exterior y de acuerdo social interno no hayan mejorado las expectativas electorales del Partido Popular.
El Partido Popular apenas aventaja por un punto al PSOE en las intenciones de voto, de acuerdo con varias encuestas, publicadas por diarios de uno y otro sector.
Aznar, según sus allegados, no se preocupa por eso. Las primeras elecciones, dice, sólo se realizarán en el 2000 y, hasta entonces, mucho pueden cambiar las cosas. (FIN/IPS/td/ff/ip/97
