La presión popular logró asestar varios golpes a la gigante estadounidense del petróleo Unocal, afectando sus políticas ambientales y futuras inversiones en Birmania, país gobernado por un régimen militar desde 1988.
Activistas defensores de los derechos humanos y el medio ambiente y sindicalistas de Estados Unidos criticaron duramente a Unocal por anteponer las ganancias a la gente, influyendo sobre algunas decisiones judiciales y de la presidencia de Estados Unidos de las últimas semanas.
En el primer caso, un juez de una corte federal en Los Angeles determinó el 25 de marzo que una inusual demanda planteada por grupos de derechos humanos contra Unocal seguiría el proceso judicial.
El reclamo, planteado bajo la Ley de Demandas Alien Tort, acusa a Unocal de cooperar con el régimen militar de Birmania en la represión y el trabajo en condiciones de esclavitud.
La ley permite a una persona llevar a juicio a otra en cortes estadounidenses por violaciones de los derechos humanos cometidas en el extranjero. Aunque el acusado debe estar en Estados Unidos cuando se presenta la demanda, ninguna de las partes debe ser ciudadano de este país.
En otra decisión, el 14 de abril un juez federal en San Francisco declaró a Unocal responsable de contaminar la bahía de San Francisco con selenio, un producto químico tóxico.
Varios días después, el gobierno de Clinton emitió una orden ejecutiva prohibiendo las inversiones en Birmania, una medida contra la cual Unocal se opuso firmemente, dadas sus inversiones en el proyecto de un ducto de gas natural por 1.200 millones de dólares.
Estas huelgas contra Unocal reflejan la "organización de largo plazo" de los grupos civiles, dijo Greg Karras, representante de la Comunidad por un Medio Ambiente Mejor.
Unocal reaccionó contraatacando. La empresa vendió recientmente la mayoría de sus refinerías y plantas de gas en Estados Unidos, y planifica trasladar la sede empresarial de Los Angeles a Kuala Lumpur.
La acción resultará en la pérdida de cientos de empleos, según Howard Spencer, presidente de OCAW (Trabajadores de Industrias del Petróleo, Química y Atómica), quien destacó que Unocal contaminó la bahía de San Francisco con selenio y toleró violaciones de los derechos humanos en Birmania.
Desde el 21 de abril OCAW, junto al sindicato minero United Mine Workers, demanda con peticiones y manifestaciones el fin de las inversiones de Estados Unidos en el país asiático, incluyendo el fin de la construcción del gasoducto.
Unocal se negó a discutir el tema con IPS, pero informaciones de prensa citaron fuentes de la empresa que niegan cualquier relación con violaciones de los derechos humanos en Birmania.
Autoridades de la empresa afirman que pagan altos salarios a los trabajadores del gasoducto, y que han construido hospitales y escuelas en el área.
Unocal se opone a la orden de Clinton del 21 de abril, la cual prohíbe las inversiones en el país asiático, alegando que las inversiones extranjeras pueden ayudar a moderar las políticas del régimen militar birmano.
Pero grupos de derechos humanos señalan que, aunque Unocal y otras empresas occidentales han invertido en Birmania durante años, los abusos de la junta militar denominada Consejo de Restauración de la Ley y el Orden son cada vez peores.
Unocal enfrentó un gran golpe cuando el juez federal de Los Angeles dio luz verde a activistas de los derechos humanos para que procedieran con su juicio contra Unocal.
La demanda plantea que agricultores birmanos fueron reubicados y forzados a trabajar en proyectos relacionados con el gasoducto. Aunque no tomó decisiones sobre el contenido de la acusación, el juez Richard Paez dijo que un jurado podría considerar los pagos de Unocal a la junta militar como equivalentes a "participación en el comercio de esclavos".
Unocal niega las acusaciones, y apeló la decisión.
Otro golpe fue la resolución del 14 de abril, en la cual el juez Thelton Henderson decretó que Unocal violó leyes federales y estatales al continuar vertiendo selenio en la bahía de San Francisco.
En altas concentraciones, el selenio puede producir defectos de nacimiento y malformaciones, e incluso la muerte.
La contaminación por parte de Unocal se originó en su decisión de reducir costos comprando petróleo crudo rico en selenio para su refinería Rodeo, denuncian ambientalistas. Ese crudo, junto a un proceso particular de refinamiento, resultó en la liberación de unos 2,25 kilogramos de selenio por día.
La cifra supera seis veces la cantidad de la sustancia autorizada por las leyes federales.
La bahía quedó contaminada, llevando a autoridades de la saluda a advertir a la población que no consumiera pescado y moluscos del área. A los niveles actuales, la contaminación del selenio puede producir síntomas similares a los del constipado.
Muchas personas pobres dependen de la bahía para alimentarse, destacó Karras, y dijo que 80 por ciento de ellos son negros, por lo cual se trata de "una forma de racismo ambiental".
Unocal vendió la refinería contaminante en abril. Pero la empresa estaría sujeta a multas de hasta 50 millones de dólares por violar la Ley de Aguas Limpias del gobierno federal.
Las acciones de Unocal en Estados Unidos convirtieron en aliados a ex adversarios. En el pasado, los sindicatos se opusieron a las demandas de algunos grupos ambientalistas, temiendo que sus reclamos resultaran en cierres de plantas y despidos.
Pero el caso del selenio es un modelo de cooperación entre ambientalistas y uniones sindicales, dijo el presidente de OCAW, y puntualizó que "los grupos ambientalistas que presentaron la demanda estudiaron con cuidado una potencial pérdida de puestos de trabajo. No intentaban cerrar la planta, por lo cual nos convertimos en aliados". (FIN/IPS/tra-en/re/yjc/lp/ip-hd-en/97