La lucha del Congreso de Ecuador contra 17 de sus miembros que incurrieron en actos ilícitos bajo el gobierno del ex presidente Abdalá Bucaram, quedará como un acto de buena fe, pero sus resultados son un fracaso, según parlamentarios y analistas.
A mediados de abril, 13 diputados de diversas tendencias políticas fueron destituidos por el Congreso, al ser encontrados responsables de recibir de forma ilícita fondos públicos del gobierno de Bucaram. Este miércoles se sumaron cuatro diputados más a la lista de legisladores expulsados bajo los mismos cargos.
La resolución parlamentaria se basa en el artículo 84 de la Constitución, donde se señala que los parlamentarios no podrán manejar fondos del Estado, salvo los expresamente asignados para el desenvolvimiento administrativo de la función legislativa.
Las autoridades judiciales emitieron orden de captura contra los 17 diputados, inmediatamente después de su destitución, pero hasta el momento sólo uno se encuentra en detenido. Se trata del diputado independiente Leonidas Plaza, quien se entregó a la policía.
"La justicia actuó con agilidad en esta ocasión pero el desempeño de la policía deja mucho que desear", comentó Napoleón Saltos, presidente de la comisión de fiscalización del Congreso.
Muchos de los diputados destituidos "ya partieron a otros países (…) y han tenido todo el tiempo del mundo para preparar sus maletas", añadió.
Ante esta situación, el lunes el ministro de Gobierno (interior), César Verduga, decidió remover a dos generales de la policía, a quienes responsabilizó por la falta de efectividad en los operativos, y delegó toda la responsabilidad en el comandante general de la institución, Marco Hinojosa.
"No se trata de un ultimátum, pero es la responsabilidad del general Hinojosa entregar a la ciudadanía resultados positivos", dijo Verduga.
El ministro aseguró que "la remoción de los dos generales no tiene nada que ver con su desempeño dentro de la policía en el pasado, sino con los resultados de este importante operativo que son un rotundo fracaso".
Los dos generales argumentan que no existió coordinación entre la justicia, el Congreso y la policía para llevar a cabo la detención de los diputados destituidos.
"No existe pretexto alguno", manifestó Saltos. "La justicia dictó orden de captura una vez que a los diputados se les retiró la inmunidad parlamentaria y la policía debió actuar de inmediato".
Hinojosa y Verduga comparecerán el próximo martes ante el Congreso para analizar los resultados obtenidos en estos días,
"Esperamos que para entonces ya se hayan tomado cartas en el asunto", dijo Saltos. (FIN/IPS/mg/ag/ip/97