El primer defensor del pueblo de Ecuador, César Trujillo, designado por el parlamento el día 6, confirmó hoy que presentará su renuncia irrevocable por oponerse a que su cargo se convierta en un "botín político".
En menos de 20 días el Congreso ecuatoriano resolvió incluir la figura constitucional de la Defensoría del Pueblo, designó a Trujillo como responsable de esta nueva entidad hasta el 2001 y finalmente decidió reducir su período hasta el 10 de agosto de 1998, cuando el gobierno provisional concluirá sus funciones.
La intención del parlamento, al acortar el período, es evitar confrontaciones entre el nuevo gobierno y la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, para Trujillo la entidad debe mantener total independencia del gobierno "o caerá en el vicio de todas las instituciones tradicionales".
La última palabra para que la resolución parlamentaria entre en vigencia la tiene el presidente Fabián Alarcón, quien asumió el cargo a principios de febrero, tras la destitución de Abdalá Bucaram.
Sin embargo, según diversos analistas, Alarcón aprobará la resolución del Congreso, pues nunca estuvo de acuerdo con el nombramiento de Trujillo, un abogado laboralista que fue propuesto por el movimiento Nuevo-País Pachakutik (NP), que ha mantenido su distancia con el gobierno.
Si la Defensoría "va a formar parte de del botín de los vencedores de las campañas electorales, a quienes el defensor debiera controlar, no tiene razón de ser, y quien se presta para ello no merece ocupar el cargo, ni desde luego, el respeto de sus conciudadanos", escribió Trujillo en una carta dirigida a varios legisladores.
"En realidad las funciones del defensor del pueblo nunca estuvieron especificadas, pues faltaba un reglamento", dijo a IPS Hugo Venegas, consultor del Centro de Estudios y Atención Integral a Víctimas de la Violencia.
Esta situación,traería graves problemas, según Venegas, pues "su papel se limitaría a emitir recomendaciones a los organismos encargados de administrar justicia".
Es preferible "que se establezcan las reglas del juego desde un principio a que, con el pasar del tiempo, cuando la Defensoría tome fuerza en la sociedad, nos demos cuenta de que es un organismo intervenido políticamente", afirmó.
El parlamento actuó de forma incoherente, dijo Rosendo Rojas del NP, "primero se nombró a Trujillo hasta el 2001 con el voto unánime de los legisladores que ahora se retractan".
Una institución "que acaba de nacer y que es trascendente para la vida democrática del país, lo menos que puede tener es cierta estabilidad e independencia", agregó Rojas.
Para el diputado Miguel Lluco, también del NP, será difícil encontrar a un hombre con el perfil de Trujillo, que ha mantenido una posición independiente. (FIN/IPS/mg/ag/ip/97
